Los productores agropecuarios que no tienen campo propio enfrentan un alto costo por el alquiler de las tierras. Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el arrendamiento se mide en quintales de soja por hectárea y representa, según el cultivo, entre el 29 por ciento, para el maíz y el 38 por ciento, para la soja, de los costos totales.

Este costo se encarece cuando hay una mala cosecha y suben los precios internacionales por una menor oferta global. Así, los productores reciben menos ingresos y pagan más alquileres. En cambio, los dueños de las tierras se benefician con esta situación.

Los impuestos, descontando las retenciones que algunos cultivos ya no tienen, representan entre el 1 y el 5 por ciento de los costos. Los derechos de exportación son del 33 por ciento para la soja y del 12 por ciento para el resto de los principales cultivos (trigo, maíz y sorgo).

El resto de los costos directos son similares a los del arrendamiento e incluyen labranza, cosecha, herbicida, fertilizantes, insecticidas, fungicidas y semillas.

Las corporaciones agroexportadoras reclaman por el peso de los impuestos en la actividad del sector, pero el principal problema que enfrentan los pequeños productores es el alquiler de campos.