Uno de los inversores damnificados por el lanzamiento y colapso de $LIBRA apeló el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve acusados.

En un escrito de 40 carillas, Juan Patricio Marchetto cuestionó al juez Marcelo Martínez de Giorgi y al fiscal Eduardo Taiano, y reclamó que se profundicen las medidas pendientes.

Marchetto presentó el recurso con el patrocinio de los abogados Juan Grabois y Nicolás Rechanik, apenas un día hábil después de que se dictaran los sobreseimientos. En su apelación, pidió que se revoque la decisión judicial y que la investigación penal continúe.

El inversor sostuvo que el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi incurrió en “contradicciones” y “confusiones”, realizó una “valoración fragmentaria” de las pruebas y omitió considerar elementos relevantes. También cuestionó que la resolución tuviera una “fundamentación aparente”.

Uno de los ejes del planteo es que, según Marchetto, el magistrado confundió la insuficiencia de pruebas con la atipicidad de los hechos. Es decir, cuestionó que se concluyera que las conductas investigadas no encuadran en ninguna figura penal cuando, a su entender, la falta de elementos suficientes para acreditar una hipótesis delictiva no justificaba cerrar definitivamente el expediente.

El recurso también apuntó contra el desempeño del fiscal Eduardo Taiano. Marchetto lo acusó de ocultar información, demorar la producción de pruebas, no convocar a testigos y no solicitar declaraciones indagatorias.

Además, cuestionó que pidiera el sobreseimiento de los once imputados mientras todavía había diligencias ordenadas que no habían concluido.

“Cuando la misma Fiscalía que considera necesarias determinadas diligencias promueve posteriormente la clausura definitiva del proceso antes de que estas concluyan, corresponde exigir una explicación especialmente rigurosa acerca de las razones por las cuales aquello que se encontraba investigando perdió relevancia antes de conocerse su resultado”, sostuvo el inversor en su presentación.

Entre las medidas pendientes, mencionó la ampliación de las pericias telefónicas a cargo de la Dirección General de Investigaciones y Asistencia Tecnológica (DATIP), sobre los dispositivos de Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados en el escrito como intermediarios que recibieron fondos del estadounidense Hayden Mark Davis.

También reclamó que se convoque a declarar a Ariel Parkinson, Arturo Osete Herraiz, los hermanos Marcelo y Leandro Aranda y la abogada Yanina Nicoletti, quien fue la primera letrada de Davis en la Argentina.

Según el planteo, sus testimonios podrían aportar información para reconstruir lo ocurrido.

Marchetto remarcó, además, que ninguno de los once imputados había sido convocado a prestar declaración indagatoria. Para el inversor, esa circunstancia debía analizarse junto con las medidas que continuaban pendientes y los elementos que, según su presentación, todavía requerían esclarecimiento.

FUENTE: La Nación.