La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) valoró el dictamen de mayoría que obtuvo esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto para incorporar al Código Penal figuras específicas vinculadas al vandalismo rural.

La principal entidad del campo bonaerense reclamó la sanción de la iniciativa, que busca brindar herramientas para proteger a productores, familias rurales y bienes vinculados con la actividad agropecuaria.

“Se trata de un paso importante frente a una problemática que afecta desde hace años a productores de todo el país: daños sobre cultivos, silobolsas, alambrados, instalaciones, sistemas de riego, animales y otros bienes indispensables para el desarrollo de la actividad agropecuaria, además de las familias rurales que quieren vivir con las mismas garantías de seguridad que aquellas instaladas en las zonas urbanas”, escribieron desde CARBAP en un comunicado.

Cabe mencionar que, el proyecto fue impulsado por los diputados del PRO, Martín Ardohaín y Laura Rodríguez Machado, y consiguió el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados, con un total de 41 firmas adherentes.

Tras obtener dictamen favorable en las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería, el texto parlamentario quedó en condiciones de ser tratada en el recinto.

Según explicó la Fundación Barbechando, el proyecto plantea una reforma del Código Penal para que el ingreso no autorizado a un establecimiento rural sea considerado un delito y deje de estar comprendido únicamente como una contravención.

En materia de intrusión rural, la propuesta establece penas de entre un mes y un año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles.

En tanto, la iniciativa también incorpora modificaciones vinculadas al denominado “daño agravado”, con penas de entre dos y ocho años de prisión y multas de hasta 12 veces el daño causado para quienes destruyan o dañen cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados, tranqueras, silos y otras infraestructuras productivas.

Por caso, desde la Fundación Barbechando hicieron hincapié en que la afectación de estos bienes no debería medirse únicamente por el costo de reponerlos, sino también por la función que cumplen dentro de un sistema productivo interdependiente como lo es el que se desarrolla en suelos rurales.

Entre los argumentos de los impulsores también aparece una diferencia respecto de la protección del domicilio urbano y los establecimientos rurales.

Según marcaron, mientras el marco legal vigente protege el domicilio bajo el principio de inviolabilidad, en el ámbito rural elementos como la tranquera, el alambrado o la señalización no reciben el mismo tratamiento, pese a cumplir una función similar para delimitar espacios privados destinados a la producción y la vivienda.

Por eso, la Fundación Barbechando también señaló que las condiciones del entorno rural pueden profundizar esa situación, debido a las grandes distancias, los caminos en mal estado, la falta de cobertura telefónica e internet y la distancia respecto de las fuerzas de seguridad, además de las diferencias existentes entre las distintas regiones productivas del país.

Frente al tratamiento que tendrá la iniciativa en el recinto, CARBAP pidió el acompañamiento de todos los diputados, con especial énfasis en los representantes de Buenos Aires y La Pampa, para que al momento de votar prioricen la necesidad de garantizar la seguridad y el normal desarrollo de la actividad agropecuaria.

FUENTE: Diputados bonaerenses.