El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó este martes un proyecto de ley que regula el uso de teléfonos celulares y otras pantallas tecnológicas en las escuelas secundarias, tanto de gestión estatal como privada.

La iniciativa, impulsada originalmente por el diputado bonaerense Martín Rozas, de Unión y Libertad, busca extender al nivel secundario el criterio establecido para las escuelas primarias por la Ley 15.534. El proyecto había sido aprobado previamente en la Cámara de Diputados y avanzó ahora en el Senado bonaerense.

La nueva normativa establece que los alumnos y alumnas del nivel secundario deberán realizar un uso responsable de las pantallas y utilizarlas únicamente cuando resulte necesario para cumplir con objetivos pedagógicos. En términos concretos, el criterio general será la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo cuando exista un requerimiento o una autorización explícita del docente.

De esta manera, el celular dejará de ser considerado una herramienta disponible para su utilización libre durante las actividades escolares y podrá emplearse cuando forme parte de una propuesta educativa. La norma apunta así a ordenar el uso de la tecnología dentro de las aulas y establecer un criterio común para los establecimientos de toda la provincia.

La medida toma como antecedente directo la Ley 15.534, sancionada en septiembre de 2025 y publicada en el Boletín Oficial en octubre de ese año. Esa legislación regula el uso de pantallas por parte de los alumnos del nivel primario en establecimientos educativos públicos y privados bonaerenses y establece como principio la utilización de estos dispositivos únicamente con fines pedagógicos, salvo autorización o requerimiento del docente.

La normativa para el nivel secundario contempla además que la Autoridad de Aplicación será determinada por el Poder Ejecutivo provincial. Ese organismo tendrá entre sus funciones la elaboración de instrucciones, protocolos, recomendaciones y otras medidas destinadas a garantizar el cumplimiento de la ley y de su posterior reglamentación.

A su vez, el proyecto contempla la posibilidad de que los municipios bonaerenses adhieran a la normativa.

Durante el tratamiento legislativo, el senador de Unión y Libertad Carlos Kikuchi destacó que la iniciativa busca ampliar al secundario el esquema que ya rige en las escuelas primarias. El legislador también vinculó la discusión con otras problemáticas asociadas al uso de los teléfonos celulares entre adolescentes, entre ellas la ludopatía.

La preocupación por el uso de dispositivos digitales durante la jornada escolar se inscribe en un debate que atraviesa a distintas jurisdicciones del país. En la provincia de Buenos Aires, la discusión legislativa comenzó a tomar forma con distintos proyectos destinados a establecer pautas para el uso de celulares y dispositivos digitales en las instituciones educativas. El proyecto de Rozas había ingresado a la Cámara de Diputados en agosto de 2024 y proponía específicamente regular el uso de teléfonos celulares y pantallas tecnológicas en las aulas del nivel secundario.

El debate también se relaciona con la creciente presencia de los teléfonos móviles entre niños y adolescentes. En ese contexto, especialistas, familias y comunidades educativas analizan los efectos que puede tener la exposición permanente a las pantallas sobre la concentración, la convivencia escolar y las formas de aprendizaje, mientras distintas provincias avanzan con medidas para limitar su utilización dentro de las aulas.

En Buenos Aires, el primer paso legislativo se concretó con la Ley 15.534 para el nivel primario. La norma define como pantallas a los dispositivos electrónicos que permiten visualizar información e interactuar mediante datos, sonidos e imágenes, por lo que su alcance no se limita exclusivamente a los teléfonos celulares.

Ahora, con la aprobación de la iniciativa para el nivel secundario, la regulación alcanza también a los adolescentes que cursan en escuelas públicas y privadas de la provincia.

El nuevo esquema no supone una eliminación de la tecnología de las aulas. Por el contrario, establece que su utilización podrá mantenerse cuando exista una finalidad educativa concreta y sea requerida o autorizada dentro de la actividad escolar. El objetivo es diferenciar el uso pedagógico de las pantallas de su utilización durante la jornada educativa sin relación con las tareas de aprendizaje.

La implementación quedará sujeta a los pasos administrativos correspondientes y a la reglamentación que establezca el Poder Ejecutivo bonaerense. Con esta aprobación, la provincia avanza hacia un criterio común para los distintos niveles educativos obligatorios y coloca nuevamente en el centro del debate el lugar que deben ocupar los celulares y las nuevas tecnologías dentro de las escuelas.

FUENTE: Cadena Nueve