La Sala II de la Cámara Federal confirmó este martes el procesamiento de Diego Spagnuolo, el extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en la causa por las irregularidades en la compra de medicamentos para el organismo.

Además, la Cámara confirmó los procesamiento de 18 imputados entre los que están Miguel Ángel Calvete y Daniel Garbellini, segundo de Spagnuolo en la ANDIS.

Spagnuolo fue acusado de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y cohecho pasivo.

Los jueces describieron un sistema de proveedores seleccionados, competencias simuladas y precios artificiales.

La Sala confirmó este martes los procesamientos dictados en la causa que investiga una presunta estructura de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), vinculada con las compras de medicamentos e insumos de alto costo y baja incidencia del programa Incluir Salud.

El tribunal, integrado por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, rechazó los planteos de las defensas y sostuvo que la evidencia reunida permite mantener, en esta etapa de la investigación, la imputación por delitos como asociación ilícita, defraudación contra la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho.

Sin embargo, la Cámara redujo los montos de los embargos fijados en primera instancia. En el caso de Diego Spagnuolo, el procesamiento fue confirmado y el embargo quedó establecido en $36.005.161.365,44. Para Daniel Garbellini, en $35.909.066.365,44, y para Miguel Ángel Calvete, en $36.043.881.773,44.

Para los camaristas, la hipótesis investigada sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se realizaron contrataciones direccionadas y con sobreprecios en medicamentos e insumos, acompañadas por la presunta entrega de dádivas a funcionarios.

El fallo describe la maniobra de esta manera: “Se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios -en insumos y medicamentos-, que tuvieron como contrapartida la promesa y entrega de dádivas a funcionarios públicos, en un contexto asociativo ilícito cuya finalidad era la obtención de ganancias indebidas”.

Según la resolución, también participaron actores privados que habrían tomado decisiones que correspondían exclusivamente a la Agencia.

El mecanismo, según la Cámara, se habría apoyado en el sistema informático SIIPFIS. Los jueces sostuvieron que el programa habría sido manipulado para que solamente fueran invitadas determinadas empresas vinculadas con los integrantes de la organización.

“Los integrantes conocían de antemano las asignaciones y simulaban una competencia mediante la utilización de oferentes ‘pantalla’”, señalaron Farah y Boico.

Una vez adjudicadas las compras, agregaron, se garantizaba prioridad en los pagos y parte de las ganancias era distribuida entre funcionarios que participaban de la maniobra.

“Simulación de competencia”

Uno de los puntos centrales del fallo es el funcionamiento del SIIPFIS, que había comenzado a utilizarse en ANDIS en junio de 2023 y al que en mayo y junio de 2024 se le incorporó un módulo destinado a las compras PACBI.

La Cámara destacó que las irregularidades ya habían sido advertidas por la Unidad de Auditoría Interna de ANDIS en septiembre de 2024.

Entre otras cuestiones, se había señalado que debían acreditarse en los expedientes las razones objetivas de urgencia o emergencia que justificaran apartarse de los procedimientos habituales de contratación. Pero para los camaristas, la prueba posterior fue todavía más contundente.

“El examen de los elementos hallados en el allanamiento de la sede de ANDIS exhiben sin dificultad no sólo la irregular incorporación de los proveedores sino también la arbitraria forma en que eran seleccionados para participar de una u otra convocatoria, la simulación de competencias y los mayores costos cotizados y abonados”, escribieron.

La Cámara también puso el foco en que la convocatoria a proveedores era manual: el operador podía seleccionar con una tilde a las empresas que serían invitadas.

“Las fechas, invitaciones, cotizaciones y pagos eran temas que se definían por fuera de los mecanismos legítimos”, concluyeron los jueces. Y agregaron que de ese modo se otorgaba a personas ajenas a la administración pública “un poder de decisión impropio con el objetivo de obtener ventajas económicas indebidas en perjuicio del Estado Nacional”.

El fallo incorpora como ejemplo la comparación realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre el medicamento Burosumab 20 mg. Según la resolución, una misma droga fue adjudicada en distintos procesos a valores muy diferentes.

En algunas compras el precio unitario fue de alrededor de $21 millones, mientras que en otras llegó a superar los $45 millones.

En particular, los jueces destacaron que en un proceso “chico” el medicamento fue adjudicado a Droguería Profarma por $45.152.230,34, mientras que en un proceso “grande” la misma droga fue adjudicada a Droguería 20 de Junio por $25.012.000.

Además, remarcaron que la convocatoria del proceso “chico” estuvo abierta durante apenas 5 horas y 30 minutos, circunstancia que, según la Cámara, “restringe aún más la concurrencia y competencia”.

 

FUENTE: Ámbito.