La serie de negociaciones entre el Gobierno y los sectores docentes y no docentes universitarios sumó un nuevo capítulo este jueves. Ambas partes se reunieron desde las 11 en el Palacio Pizzurno, en el marco de la discusión paritaria que convocó la Secretaría de Educación, la cual a comienzos de mes propuso un aumento del 3% para septiembre y de 3% para octubre, que fue rechazado por todas las agrupaciones. Esa misma oferta fue la que se repitió en la mañana de hoy y el resultado fue el mismo.
“El aumento no es el deseado y vamos a tomar medidas”, avisó una de las contrapartes que estuvo esta mañana en la audiencia con autoridades del Ministerio de Capital Humano.
Los integrantes de los sindicatos docentes solicitaron los fondos que establece la judicializada Ley de Financiamiento Universitario: los dos incrementos que dispone el Gobierno más una recomposición del 32,5% que perdieron los salarios durante los primeros años de la administración nacional de Javier Milei.
La posibilidad que toma mayor fuerza es la de convocar a una marcha nacional por las universidades nacionales. Sería la quinta en lo que va de este Gobierno y la segunda en el año.
El contexto en el que se da esta discusión no es menor. El Gobierno asignó $7,3 billones para las universidades públicas en el Presupuesto 2027, una cifra 33% inferior a los $11 billones que reclaman los rectores para sostener salarios, infraestructura, ciencia, becas y hospitales, mientras se profundiza la disputa por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Las autoridades de las 60 universidades públicas estimaron que casi el 90% de los recursos requeridos corresponde a salarios docentes y no docentes. El resto contempla gastos de funcionamiento, obras de infraestructura, investigación, becas y hospitales universitarios.
La diferencia presupuestaria se superpone con un conflicto judicial y paritario. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) sostiene que el Ejecutivo aún no cumplió plenamente los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, pese a que una medida cautelar continúa vigente.
FUENTE: Infobae.