“Se incendió todo”, lamentaron desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) en Diputados luego de que se conociera que el proyecto de ley presupuesto 2027 enviado ayer a última hora por el Poder Ejecutivo elimina artículos clave de la ley de emergencia en discapacidad.

El asombro de los legisladores oficialistas quedó expuesto este mediodía en la comisión informativa, donde la oposición y los principales representantes de asociaciones y cámaras de prestadores expresaron su rechazo por las múltiples modificaciones y, sobre todo, por la quita de la actualización del nomenclador. Un punto central en la negociación con los aliados que desató malestar en el PRO y vuelve a foja cero las conversaciones.

“Es lo contrario de lo que veníamos hablando”, se quejaron desde Pro, después de haberse reunido a primera hora de la mañana con representantes de LLA, entre ellos, la diputada Laura Rodríguez Machado -responsable de gestionar el diálogo con los aliados- en busca de alguna explicación sobre el giro repentino en la estrategia.

Sin embargo, fueron los mismos libertarios los que dejaron en claro su asombro ante la maniobra del Poder Ejecutivo. “Ahora vamos a volver a juntarnos. Tenemos que hablar de cero”, admitieron, en un intento de desmarcarse de la Casa Rosada.

El episodio dejó al descubierto el cortocircuito y el quiebre que hubo entre el Poder Ejecutivo y sus representantes en la Cámara de Diputados.

Es que hasta última hora de ayer, LLA apostaba a que el Ministerio de Economía incluyera algún guiño a las demandas de los aliados en el presupuesto, que finalmente avanzó en sentido contrario.

La distancia con la Casa Rosada también se hizo evidente cuando la exmacrista Silvana Giudici tomó la palabra durante la comisión y, en un intento por poner paños fríos al conflicto, remarcó la importancia de conseguir un dictamen el próximo 23 e hizo alusión a la división de poderes.

“Creemos que este Congreso tiene un tiempo largo para luego tratar el presupuesto y debatir cuáles son las mejores condiciones, no solo las cláusulas mencionadas [por las eliminadas]”, apuntó, sin precisar cómo el oficialismo piensa avanzar en un proyecto de ley “superadora”.

Más tarde, todavía con la comisión en curso, el oficialismo ordenó su discurso y en boca de Rodríguez Machado llamó al consenso y a seguir trabajando una iniciativa “superadora”.

Cercanos al despacho de Menem, resumieron: “El presupuesto se venía trabajando hace 4 meses y esos puntos no son congruentes con la estrategia parlamentaria y lo que va a primar es la estrategia parlamentaria”.

Así, se refirieron a una “discrepancia” con el Ejecutivo en relación a los lineamientos que LLA venía trabajando para lograr un aval de la oposición en torno a un nuevo proyecto de discapacidad.

De todas formas, minimizaron la maniobra y dejaron claro que la derrota parlamentaria durante el tratamiento por el presuesto pasado todavía está fresca.

“No vamos a dejar nada para que nos volteen un capítulo en la discusión del Presupuesto”, en relación con lo ocurrido el año pasado con el capítulo 11 del proyecto oficial, que derogaba las leyes de emergencia en discapacidad y de financiamiento universitario.

Desde la Casa Rosada, en tanto, tomaron distancia de la cuestión. “Tienen todo el derecho a discutirlo en Comisión”, manifestaron sobre la polémica desatada.

Se limitaron a destacar que “el gobierno hizo su parte (al enviar el Presupuesto) y que ahora es el turno de la bancada oficialista”, de defender el proyecto o negociarlo frente a sus pares.

Los cambios del Presupuesto

Entre los cambios más resonantes que incluyó la Casa Rosada en el presupuesto propone eliminar el artículo 7 bis de la ley de emergencia, que hasta ahora establecía la actualización obligatoria, automática y mensual de los pagos a prestadores según el índice de IPC.

El Poder Ejecutivo plantea que “el Nomenclador de prestaciones básicas no incluirá valores universales” y habilita a que cada obra social o prepaga fije sus propios valores en la negociación, sobre la base de un mínimo contemplado.

La jugada del Gobierno podría tener un costo político alto. “Cambia completamente la discusión”, resumieron cerca de la bancada de Cristian Ritondo, que quedó a la espera de mayores detalles para definir cómo avanzar.

Las dudas imperan en el bloque amarillo. Nadie quiere asumir el costo político de una propuesta que implique un retroceso en los derechos adquiridos.

No es la única modificación que introduce. El proyecto propone volver al esquema de pensión por invalidez, por el cual quienes cuenten con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no podrán percibir ningún tipo de compensación si registran un empleo. Además, deroga los artículos, 5º, 8º, 9º y 14 de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad Nº 27.793.

 

FUENTE: La Nación.