Si bien el Juzgado de Responsabilidad Juvenil N°2 de Lomas de Zamora ordenó suspender preventivamente y por 60 días la aplicación de la nueva Ley 27.801 del Régimen Penal Juvenil (que establece un sistema específico para adolescentes de entre 14 años y el momento previo a cumplir los 18 que sean imputados por delitos), se señaló que en Trenque Lauquen la norma está vigente y comenzará a ser aplicada.

Así lo informó Martín Butti, fiscal de Menores de Departamento Judicial Trenque Lauquen, quien se mostró en desacuerdo con el argumento expresado la jueza Marta Elba Pascual para impulsar la suspensión, el cual se basa en que el actual sistema bonaerense de privación de la libertad no cuenta con las condiciones materiales, institucionales y profesionales necesarias para afrontar el eventual incremento de detenidos.

Butti explicó su postura señalando que “en primer lugar (la jueza María Elba Pascual) hace futurología afirmando que la Provincia no tiene la estructura para albergar la gran cantidad de jóvenes que esta Ley podría ingresar en el sistema y, por otra parte, porque esa es una cuestión que tiene que resolver la Provincia dentro de otras esferas”.

Y agregó que, si bien la suspensión alcanzaría a toda la provincia “la misma tiene lugar a interpretaciones y desde Trenque Lauquen interpretamos que alcanza sólo a su jurisdicción”.

“Para nosotros, para nuestra Fiscalía y para los Juzgados de Responsabilidad y Garantía del Joven la ley está vigente y vamos a aplicarla. Incluso ya hemos hablado con jueces de acá y coincidimos en que la ley, a nivel local, está vigente”, dijo Butti.

En este marco, recordó: “Cuando se dictó la Ley 13.634 de la Provincia tampoco querían ponerla en funcionamiento porque decían que no había estructura y hoy, 20 años después, estamos en las mismas condiciones. No se aplicaría ninguna ley si tuviéramos que supeditarla a eso porque las estructuras son las mismas”.

Y recordó que, con esta nueva Ley Penal Juvenil está de acuerdo. “Es una cuestión de responsabilidad, a los 14 el joven ya sabe lo que hace y sabe que, con ciertas acciones, puede ocasionar un mal a otro y va a tener que responder por ese acto ante la justicia”, señaló.

Además, consideró: “Hacía rato que necesitábamos esta nueva norma porque los tiempos han cambiado. Desde el acceso a Internet, y más ahora que hay Inteligencia Artificial, la comunicación entre chicos y adultos es más fluida que antes y a los 14 años se está capacitado para comprender lo que se hace. Antes se los sobreseía y ahora se deberá seguir el proceso judicial”.

Consultado sobre cómo es el panorama del delito juvenil en Trenque Lauquen, el letrado afirmó que, respecto de otras regiones de la provincia, a nivel local “es una realidad totalmente distinta”.

“Si bien hay delitos, y todo aquél que sufre lo siente mucho, no son de la gravedad de otros sitios”, comentó y afirmó que las causas del delito juvenil han bajado en los últimos diez años.

“En 2015, 2016 y 2017 rondábamos las 900 causas anuales y ahora bajaron casi a la mitad, se ha reducido el número”, afirmó.

Respaldo a la suspensión

En tanto, la AJUNAF (Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescente y Familia) respaldó, a través de un comunicado, la resolución de la Dra. Marta Elba Pascual, jueza de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora, que suspendió por 60 días la Ley 27.801.

“No es un capricho judicial: es la prueba de que el Estado amplió el universo de adolescentes punibles sin crear los recursos para sostener el sistema penal adolescente”, señala el escrito.

Y se agregó que “la AJUNAF lo advirtió a tiempo”. “Señalamos que varias provincias no podrían afrontar la implementación de la nueva ley sin los recursos necesarios, lo que depende indefectiblemente de asignaciones presupuestarias concretas. Ampliar la punibilidad ya es vulnerar estándares convencionales, y hacerlo sin infraestructura no es política penal adolescente: es hacinamiento anunciado, y vulneración de derechos de los adolescentes. Rechazamos politizar esta resolución.

Y completó: "La doctora Pascual es una magistrada especializada, referente en Justicia Restaurativa, expresidenta de la Asociación Internacional de Magistrados de Juventud y Familia, y exvicepresidenta de AJUNAF. Exhortamos que el Estado use estos 60 días para garantizar los recursos que nunca tuvo esta ley”.

FUENTE: La Opinión.