El oficialismo avanzó este miércoles con el dictamen de reforma a la ley de Inocencia  Fiscal, pero introdujo cambios para conseguir el respaldo de sus aliados. El principal fue excluir de los beneficios del régimen simplificado de Ganancias a quienes sean o hayan sido funcionarios públicos durante los últimos cinco años. También incorporó una reducción de las multas para pequeñas y medianas empresas.

La Libertad Avanza (LLA) consiguió 44 firmas en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Legislación Penal, que conducen los libertarios Alberto “Bertie” Benegas Lynch y Laura Rodríguez Machado.

Acompañaron la UCR, PRO, MID, Innovación Federal y otros bloques provinciales. Gisela Scaglia (Provincias Unidas) firmó en disidencia, mientras que los diputados de Elijo Catamarca no participaron.

El proyecto modifica el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias vigente desde 2025 y busca ampliar el universo de contribuyentes que pueden utilizarlo para incorporar ahorros que se encuentran fuera del sistema formal.

Uno de los principales cambios respecto del régimen actual es la eliminación de los topes de patrimonio e ingresos para ingresar: ya no regirán los límites de $10.000 millones de patrimonio y $1000 millones de ingresos. Se mantendrán como requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar categorizado como Gran Contribuyente Nacional.

A pedido de los bloques aliados, sin embargo, el oficialismo incorporó un límite para los funcionarios públicos. Quienes ocupen o hayan ocupado cargos de alta responsabilidad pública durante los cinco años anteriores a la adhesión no podrán acceder a los beneficios del régimen.

Desde el rango de secretario de Estado, legisladores y concejales, parlamentarios del Mercosur, jueces y fiscales, defensores del Pueblo y miembros de los consejos de la Magistratura o jurados de enjuiciamiento.

Los funcionarios alcanzados podrán utilizar el sistema simplificado para presentar su declaración jurada y pagar Ganancias, pero ya no tendrán los beneficios que el régimen concede al resto de los contribuyentes: no gozarán de la presunción de que lo declarado es correcto y ARCA podrá fiscalizarlos y aplicarles multas y sanciones bajo las reglas generales.

Tampoco estarán alcanzados por la protección de la llamada “discrepancia significativa”, que fija el margen a partir del cual una diferencia detectada por el fisco hace caer los beneficios del régimen.

Para el resto de los contribuyentes, esto ocurre cuando la diferencia implica un aumento superior al 15% del impuesto declarado o supera el piso del 5% establecido por la norma; actualmente, $5 millones-. Por debajo de esos límites, mantienen las protecciones del sistema. Para los funcionarios, en cambio, ese margen ya no se aplicará y ARCA podrá revisar su situación ante cualquier diferencia detectada.

Se trata de cambios que buscaron evitar casos como el del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni y José Luis Espert. En plena investigación judicial por su crecimiento patrimonial, tanto Adorni como su mujer, Bettina Angeletti, que admitieron tener dinero no declarado, adhirieron al régimen simplificado de ganancias que habilitó la primera edición de la ley vigente. También lo hizo el exdiputado nacional, investigado por los fondos que recibió de Federico “Fred” Machado, condenado por la Justicia de Estados Unidos.

FUENTE: La Nación.