Una denuncia penal presentada ante la Justicia Federal puso nuevamente bajo la lupa a distintos funcionarios del gobierno de Javier Milei por el estado de las rutas nacionales y el destino de los fondos asignados a infraestructura vial asignados a infraestructura vial.

La presentación advierte sobre la posible comisión del delito de estrago y sostiene que determinadas omisiones y decisiones de funcionarios podrían haber contribuido a poner en peligro la vida de quienes transitan por las rutas.

La denuncia fue presentada por los abogados José Lucas Magioncalda, Juan Martín Fazio y José Luis Matilla, integrantes de Reset Republicano.

El escrito apunta, entre otros, contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el secretario de Transporte, Mariano Ignacio Plencovich; el subsecretario de Transporte Automotor, Fernando Cortés; el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Francisco Díaz Vega; el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy; y el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, además de integrantes del directorio de la entidad y otros funcionarios que eventualmente resulten responsables.

Los denunciantes pidieron investigar si las conductas señaladas podrían configurar el delito previsto en el artículo 189 del Código Penal, estrago, además de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

El destino de los fondos

Uno de los puntos cuestionados es el manejo de los recursos recaudados para el fideicomiso creado por el Decreto 976/2001, cuya finalidad está vinculada al financiamiento de obras e infraestructura vial.

Según la denuncia, una publicación periodística reveló que el Gobierno habría recaudado $1,5 billones para rutas y obras viales, pero habría ejecutado solamente una parte de esos recursos.

El escrito sostiene que el artículo 15 del Decreto 976/2001 establece límites sobre el uso de esos fondos y prohíbe destinarlos a gastos ajenos a los previstos.

Para los denunciantes, la cuestión no se limita a una discusión presupuestaria: sostienen que la falta de utilización de recursos destinados específicamente al mantenimiento vial puede tener consecuencias concretas sobre la seguridad de los automovilistas.

“La subejecución de fondos presupuestarios y fiduciarios para el mantenimiento del ‘Sistema Vial Integrado’ (SisVial), el abandono de relevamientos y producción de información de seguimiento sobre el estado de los caminos, y la vigente recaudación de la Tasa sobre el Gasoil sin aplicación a su afectación específica al desarrollo de los proyectos de infraestructura, tienen entidad suficiente para generar peligro o causar la muerte de las personas que transitan la red caminera”, afirma la presentación.

Otro de los argumentos centrales es el supuesto incremento de la siniestralidad vial. La denuncia cita relevamientos y publicaciones periodísticas que, según los denunciantes, darían cuenta del deterioro de distintas rutas y de un “alto riesgo de siniestralidad vial”.

En particular, el escrito menciona declaraciones del secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional, quien habría señalado, sobre la base de relevamientos no oficiales, que las muertes en rutas nacionales “se incrementaron en un 300 por ciento en los últimos años”.

FUENTE: Ámbito.