La Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense se reunió días atrás con las máximas autoridades de Vialidad Nacional para reclamar por el deterioro de las rutas de la región, pero se encontró con una definición que consideran preocupante: el organismo confirmó que no ejecutará obras con fondos públicos y que cualquier proyecto dependerá de la llegada de inversiones privadas.

La audiencia se realizó con el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, acompañado por la gerenta de Concesiones, Ema Albrieu, y el gerente de Proyectos y Obras, Víctor Farre.

La delegación estuvo encabezada por el presidente del Nucleamiento, Dardo Dameno, junto al secretario Daniel Reus, con el respaldo institucional de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA).

Durante el encuentro, los representantes empresariales presentaron un informe técnico sobre el estado de las rutas nacionales que atraviesan el noroeste bonaerense, una región donde viven más de 890 mil personas y que constituye un corredor estratégico para la producción agropecuaria, la industria, el comercio y la logística.

Dameno remarcó que el reclamo excede la cuestión productiva y atraviesa la seguridad vial de quienes utilizan diariamente los corredores nacionales. “Queremos que las rutas sean seguras y confiables, que salir a la ruta no sea tirar una moneda al aire para ver si llegás bien o no. Detrás de cada empresa hay familias, trabajadores y vecinos que transitan todos los días”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el deterioro de la infraestructura también afecta la competitividad de la producción agropecuaria, industrial y comercial de la región. “Los camiones tienen que poder circular tranquilos y no podemos naturalizar que haya accidentes todos los días”, agregó.

Dameno aseguró que el principal mensaje que recibieron fue que el esquema de inversión cambió por completo. Nos dijeron de entrada: público, nada. Todo privado. Hay que hacerlo todo con capitales privados

Según explicó, las autoridades nacionales señalaron que la prioridad actual es la “puesta en valor” de las rutas concesionadas, es decir, tareas de mantenimiento como corte de pasto, señalización, reparación superficial del pavimento y conservación de banquinas.

Sin embargo, aclararon que las obras de mayor envergadura, como nuevas autovías o ampliaciones, solo avanzarán si aparecen inversores privados dispuestos a financiarlas a cambio de explotar los peajes.

“En un momento nos dijeron que si conocíamos empresarios dispuestos a poner el dinero para hacer la autovía de la Ruta 5, ellos recibían la propuesta y les entregaban la concesión. Pero nosotros creemos que es responsabilidad del Estado hacer las rutas, no de nosotros salir a buscar quién las financie”, cuestionó el dirigente.

Pese a que las respuestas oficiales estuvieron lejos de las expectativas del sector, el presidente del Nucleamiento valoró que la reunión permitió abrir un canal de diálogo directo con las máximas autoridades de Vialidad Nacional.

“Nos pudimos informar, interiorizarnos, dejar nuestra propuesta y ya tenemos un canal de comunicación para intercambiar proyectos e ideas. Vamos a seguir trabajando muy fuerte junto con otras instituciones y los autoconvocados para que el tema llegue a quienes toman las decisiones”, afirmó.

La Ruta 5, el principal reclamo

Uno de los ejes de la reunión fue la Ruta Nacional 5, donde el Nucleamiento reclama completar la autovía hasta Bragado y avanzar luego con un esquema de ruta segura hasta Santa Rosa.

Dameno confirmó que la respuesta oficial fue que la obra de la autovía entre Mercedes y Suipacha -un tramo de unos 20 kilómetros- seguirá paralizada hasta conseguir financiamiento privado o hasta que el sistema de peajes genere recursos suficientes para afrontarla.

“Eso quiere decir que la obra no se va a terminar por mucho tiempo. El peaje está pensado para mantener la ruta, no para hacer obras nuevas”, advirtió.

Desde la entidad también remarcaron que la Ruta 5 soporta un tránsito cercano a los 1.200 camiones diarios y registra más de 50 víctimas fatales por año, cifras que, sostienen, justifican acelerar su transformación en autovía.

Más allá del diagnóstico sobre las rutas, los empresarios trabajan en otra propuesta a las autoridades nacionales: modificar el destino del impuesto a los combustibles para que financie exclusivamente infraestructura vial.

“Hoy ese impuesto va a Rentas Generales y no existe ninguna obligación de utilizarlo para las rutas. Nosotros queremos que se cree un fideicomiso específico para obras viales”, explicó Dameno.

El dirigente comparó ese mecanismo con el utilizado para obras hídricas, donde los recursos tienen una asignación específica, y consideró que una modificación legislativa permitiría garantizar inversiones sostenidas en infraestructura.

 

FUENTE: Infocielo.