La Justicia Federal de La Plata ordenó que las petroleras vuelvan a informar al Ministerio de Economía de la Nación los aumentos de los combustibles antes de aplicarlos.

La decisión fue tomada por Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2, a cargo de Alejo Ramos Padilla, que declaró inconstitucional la resolución que había eliminado esa obligación y dio lugar a un amparo colectivo.

La demanda fue presentada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) contra el Estado nacional y cuestionaba la Resolución N°717/25, que derogó el sistema de información sobre precios de la nafta y el gasoil.

La norma anulada había dejado sin efecto la Resolución N°314/16, que creó el Sistema en Línea de Información de Precios de Combustibles en Surtidor. 

Aquella herramienta, impulsada en 2016 por el entonces ministro Juan José Aranguren, reunía los precios de venta al público de las estaciones de servicio de todo el país y permitía compararlos. Pero además contaba con un canal para que los usuarios denunciaran diferencias entre los precios publicados y los cobrados en los surtidores.

Para el CEPIS, la derogación implicó un retroceso en la protección de los consumidores porque eliminó una herramienta que garantizaba información inmediata, reducía la opacidad del mercado y facilitaba el control tanto estatal como ciudadano. También sostuvo que el nuevo esquema mensual no ofrece un nivel equivalente de protección.

FUENTE: 0221.