El Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Mercedes dará a conocer hoy, a las 14, la sentencia en la causa que investiga una estafa contra la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda. (CEyS) y el Estado Nacional, vinculado al manejo de fondos destinados a un plan de reconversión del alumbrado público en tecnología LED en el distrito de Nueve de Julio.

La decisión final la dará la jueza Claudia Esquivel, luego de que el debate oral quedara cerrado tras los alegatos finales del fiscal de Cámara Pedro Illanes, la querella en representación de la cooperativa y la defensa de los imputados, el pasado viernes 12 de junio.

El Ministerio Público Fiscal acusó a Omar Miguel Malondra, Carmen Amalia Castagnino y Alfredo Abel Poggi -exintegrantes de la conducción de la CEyS- de haber participado en una maniobra de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y les pidió tres años de prisión. En el caso de Malondra que sea efectiva, es decir, que quede preso y para los dos imputados, en suspenso. Además, con arrese

Según la fiscalía, el esquema investigado implicó el libramiento irregular de tres cheques por un total de $5.598.000 (en valores de 2015), ya que la actualización lo llevaría a más de $800 millones, que no habrían llegado al proveedor previsto y fueron cobrados mediante una financiera no habitual.

El fiscal Illanes sostuvo que existió “un plan criminal para quedarse con el dinero” y pidió condenas de tres años de prisión para los tres imputados, con cumplimiento efectivo para Malondra, y en suspenso para los otros dos imputados.

También solicitó medidas accesorias como la prohibición de acercamiento a la cooperativa y la imposición de tareas comunitarias de tres veces por semana, o alternativamente la entrega de 2.000 pañales por mes durante seis meses a una institución de bien público.

La posición de la querella

El abogado de la CEyS, Franco Roselló, respaldó la acusación fiscal y sostuvo que la operatoria se diseñó para eludir los mecanismos de control internos de la cooperativa.

Afirmó además que la obra de iluminación finalmente se ejecutó con fondos propios de la entidad, lo que -según su planteo- demostraría la existencia de un perjuicio económico directo. La cooperativa reclamó una condena y la reparación institucional del daño.

Pedido de absolución

Por su parte, la defensora oficial Irene Marchiana solicitó la absolución de los tres acusados al sostener que no existió delito ni perjuicio al Estado ni a la cooperativa.

Argumentó que la operatoria correspondió a una contratación fallida con un proveedor incumplidor, que los fondos fueron debidamente rendidos y que las rendiciones fueron aprobadas por los organismos correspondientes sin observaciones. También destacó la ausencia de beneficio personal para los imputados y cuestionó la existencia de una maniobra fraudulenta.

FUENTE: Cadena Nueve.