“El 12 de mayo, SRA, CRA, FAA, CONINAGRO, AAPRESID y CREA le pedimos al INASE suspender el proyecto de resolución de semillas. Planteamos 8 objeciones concretas. El 8 de junio lo publicaron igual. 6 puntos ignorados. El sector habló . El Gobierno no escuchó”.

El mensaje pertenece a Vanesa Padullés Igoillo, presidenta de Coninagro Córdoba, y fue pronunciado el lunes, pocas horas después de que el Instituto Nacional de Semillas (INASE) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGYP) oficializaran cambios para el control del mercado de semillas, estableciendo un nuevo protocolo de fiscalización que busca evitar el uso de variedades -principalmente, de soja- que no se hayan adquirido por las vías formales establecidas.

La opinión de la dirigente cordobesa solo fue una de las tantas que surgieron desde el agro contra esta medida tomada por el Poder Ejecutivo, mientras se intenta desde hace años avanzar con el debate por una nueva Ley de Semillas.

De hecho, recientemente la Mesa de Enlace consensuó una propuesta para que esta normativa vetusta -data de 1973- sea actualizada, con un uso propio “oneroso”.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió avanzar con esta reglamentación propia, que ya había sido adelantada por Sturzenegger a los ruralistas.

De fondo, todavía subyace que la Casa Rosada, al firmar el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, incluyó una cláusula de adhesión al convenio UPOV-91, algo que es resistido por productores locales y avalado por los semilleros.

En este contexto, al parecer el Gobierno recogió las críticas, porque rápidamente convocó, en las últimas horas, a una nueva reunión entre funcionarios nacionales y representantes del campo para que se pueda avanzar definitivamente con la ley tan esperada.

A la misma acudieron, como en los anteriores encuentros sobre este tema, representantes de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace, de Aapresid, de Aacrea y de la Asociación Semilleros Argentinos (ASA).

Las posiciones, una vez más, volvieron a quedar claras en lo que cada parte viene pidiendo hace tiempo: el Gobierno y ASA impulsan la adhesión a UPOV 91, que otorga más poder a los obtentores para cobrar regalías, mientras que desde el ruralismo impulsan un proyecto propio, que garantiza el uso propio “oneroso”, pero bajo diferentes circunstancias.

Por el momento, parece más bien un intento oficial por calmar las aguas, porque los avances concretos son muy pocos, ya que tanto de un lado como del otro las opiniones son firmes. 

FUENTE: InfoCampo.