Junio comenzará con una nueva ronda de incrementos en servicios esenciales que volverán a presionar sobre el presupuesto de los hogares. Las subas alcanzarán a las tarifas de luz, gas y agua, a las cuotas de medicina prepaga, al transporte público, los peajes y, posiblemente, también a los combustibles.

Las facturas de gas registrarán un aumento promedio de 2,81% en todo el país, mientras que la electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires tendrá una actualización de 1,5%.

El impacto más fuerte, sin embargo, estará asociado al mayor consumo derivado de las bajas temperaturas.

También habrá cambios en las boletas de agua. Los usuarios de AySA en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense recibirán facturas 3% más caras. La empresa continúa aplicando su esquema de actualización mensual y mantendrá los descuentos para sectores de menores ingresos.

Otro de los rubros que volverá a ajustarse es la medicina prepaga. La mayoría de las empresas comunicó aumentos de 2,6% para junio, en línea con la inflación de abril. Entre ellas figuran Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud. Otras compañías aplicarán incrementos superiores: Omint llegará hasta 2,9% según el plan contratado. En varios casos, además, se actualizarán los copagos.

El transporte público tendrá algunos de los aumentos más significativos. Los colectivos y el subte del Área Metropolitana de Buenos Aires registrarán subas de entre 4,6 y 4,8%, producto de la fórmula que combina inflación y costos operativos. En las líneas porteñas, el boleto mínimo pasará de 753,74 a 788,41 pesos. En las líneas provinciales del conurbano, la tarifa mínima ascenderá a $ 1.015,06.

El subte también aumentará. El pasaje pasará de 1490 a 1558,54 pesos para quienes utilicen una tarjeta SUBE registrada. Se mantendrán los descuentos para pasajeros frecuentes que superen determinados umbrales de viajes mensuales.

A mediados de mes se sumará una nueva actualización para las 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan el conurbano con la Ciudad de Buenos Aires. El ajuste adicional será de 2 por ciento y llevará el boleto de referencia a 728,28 pesos.

Además, las escuelas privadas aplicarán nuevos incrementos en las cuotas. En la provincia de Buenos Aires las subas oscilarán entre 4 y 5% mientras que en la Ciudad de Buenos Aires rondarán el 5%.

En el caso de los combustibles, las petroleras mantienen por ahora una pausa en los ajustes. YPF decidió extender hasta mediados de junio el congelamiento técnico de los precios tras el aumento de 1% aplicado en mayo. Sin embargo, en el sector no descartan una recomposición posterior para recuperar parte del atraso acumulado en los últimos meses.

Para Agustina Haimovich, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, estos aumentos llegan en un momento particularmente delicado para las economías familiares.

La especialista señala que los salarios formales acumulan una caída cercana al 30 por ciento desde fines de 2015 y que durante la gestión de Javier Milei la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores registrados ronda el 9%, con un impacto mucho más profundo sobre los empleados públicos.

Según advirtió, la situación es aún más compleja para los trabajadores informales y cuentapropistas, cuyos ingresos se ubican muy por debajo del promedio.

La economista sostuvo además que el incremento de los servicios básicos reducirá todavía más el ingreso disponible de los hogares y contribuirá al empobrecimiento de sectores medios que ya enfrentan niveles crecientes de endeudamiento y morosidad. En ese contexto, incluso el ingreso adicional que representa el aguinaldo podría terminar destinado al pago de deudas acumuladas antes que al consumo.

Una mirada similar expresó Martín Epstein, analista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). El especialista remarcó que, aun cuando la inflación mostró una desaceleración en abril, el aumento de los servicios continúa avanzando por encima del nivel general de precios. Según indicó, esto implica una menor disponibilidad de ingresos para el consumo de bienes y ayuda a explicar la persistente debilidad de la demanda interna.

Epstein agregó que las políticas de moderación salarial impulsadas por el Gobierno, tanto en el sector público como en el privado, limitan las posibilidades de recuperación del poder adquisitivo. A su entender, la combinación de salarios rezagados y aumentos permanentes en los servicios públicos configura un escenario en el que las familias disponen de cada vez menos margen para sostener otros gastos de consumo.

La nueva batería de aumentos llega, así, en un contexto donde la desaceleración de la inflación no logra traducirse en una mejora perceptible para gran parte de los hogares. Mientras continúan las actualizaciones de tarifas y servicios regulados, los ingresos avanzan a un ritmo más lento y el consumo sigue mostrando dificultades para recuperar los niveles perdidos durante los últimos años.

FUENTE: Ámbito / El Día.