El debate por la continuidad del Régimen de Zona Fría volvió a instalarse en el Congreso nacional luego de que el Poder Ejecutivo incluyera en el Proyecto de Presupuesto 2026 la derogación de los artículos 4°, 5°, 6°, 7° y 8° de la Ley 27.637, normativa que en 2021 amplió los subsidios al consumo de gas natural a millones de usuarios del país.

La medida ya obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados durante la sesión del miércoles 13 de mayo y, de avanzar en el recinto, dejaría sin el beneficio a 3.365.230 usuarios de gas natural incorporados al régimen por la ampliación de 2021.

De ese total, 1.317.340 pertenecen a la provincia de Buenos Aires y alrededor de 15.000 corresponden a la ciudad de Nueve de Julio.

El informe elaborado por la asociación DEUCO sostiene que no existen fundamentos económicos ni sociales para eliminar el subsidio y advierte que la medida impactará directamente en hogares, jubilados, trabajadores, clubes, comedores comunitarios y entidades de bien público.

La Ley 27.637 amplió el esquema de subsidios creado originalmente por la Ley 25.565, incorporando nuevas regiones consideradas de bajas temperaturas o con elevado consumo energético. Actualmente, el régimen alcanza a 4,3 millones de usuarios en todo el país.

Entre los beneficiarios existen dos escalas de descuentos:

• Un 30% sobre la tarifa plena para usuarios residenciales incorporados al régimen.
• Un 50% para sectores considerados vulnerables, entre ellos jubilados, beneficiarios de AUH, monotributistas sociales, electrodependientes, trabajadores de casas particulares y personas con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos.

También reciben descuentos del 50% las entidades de bien público, asociaciones civiles y comedores comunitarios.

Qué artículos se eliminan

El artículo 72 del Proyecto de Presupuesto 2026 propone derogar los artículos centrales de la Ley 27.637, que son los que permitieron:

• La ampliación geográfica del Régimen de Zona Fría.
• Los descuentos del 30% y 50% sobre las tarifas.
• La incorporación automática de nuevas localidades conectadas a redes de gas.
• Los beneficios para clubes, asociaciones civiles y comedores.
• La facultad del Estado para revisar y ampliar las zonas alcanzadas según criterios climáticos.

De aprobarse la derogación, miles de usuarios pasarían a pagar la tarifa plena del servicio.

Cómo se financia el régimen

Uno de los argumentos planteados por el Gobierno nacional para impulsar la eliminación del beneficio es el supuesto déficit del Fondo Fiduciario que financia los subsidios.

Sin embargo, el informe de DEUCO asegura que el sistema “se autofinancia” mediante un recargo aplicado a todos los usuarios de gas natural del país. Actualmente, ese aporte ronda el 7% sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

La propia Ley 25.565 autoriza incluso elevar ese porcentaje hasta un 50% adicional en caso de insuficiencia financiera.

Durante 2025, el Ministerio de Economía incrementó progresivamente ese recargo mediante distintas resoluciones:

• Resolución 718/2025: 6,20%
• Resolución 880/2025: 6,40%
• Resolución 1090/2025: 6,60%
• Resolución 1448/2025: 7%

Además, ENARGAS reglamentó los porcentajes específicos para cada distribuidora del país.

Superávit del Fondo Fiduciario

El documento difundido por DEUCO también cuestiona versiones oficiales que hablan de un déficit de 300 millones de dólares para sostener el sistema.

Según datos de la Secretaría de Energía, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas registró superávit en los últimos años:

• 2021: superávit de $16.818 millones.
• 2022: superávit de $7.697 millones.
• 2023: superávit de $39.213 millones.

La entidad sostiene que esos números contradicen la idea de un sistema deficitario y remarcan que el régimen no requiere aportes directos del Estado nacional.

Impacto local

En Nueve de Julio, la eventual eliminación del beneficio implicaría un fuerte aumento en las boletas de gas para unas 15.000 familias, especialmente en un contexto de subas tarifarias y caída del poder adquisitivo.

Además del impacto en hogares particulares, también podrían verse afectados clubes, instituciones sociales y comedores comunitarios que actualmente acceden a descuentos especiales dentro del régimen de Zona Fría.

El proyecto deberá ahora ser tratado por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado para definir si continúan vigentes los beneficios establecidos por la Ley 27.637.

 

FUENTE: Cadena Nueve.