La justicia de Comodoro Py recibió una nueva denuncia penal para que se investigue la licitación pública de la Hidrovía, que menciona a funcionarios del Gobierno y empresas y se suma a la iniciada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)

La Fundación por la Paz y el Cambio Climático presentó una denuncia penal para que se investigue una presunta maniobra de direccionamiento en la futura licitación de la Hidrovía, con acusaciones contra funcionarios nacionales, empresarios y empresas vinculadas al dragado del Paraná.

La presentación apunta contra Santiago Caputo (asesor presidencial), Luis Caputo (ministro de Economía), Gastón Benvenuto, Iñaki Arreseygor, las empresas Jan De Nul y grupo Neuss, entre otros.

La denuncia fue presentada por Fernando Miguez, titular de la fundación, junto con la abogada Marcela Scotti. Allí se habla de una supuesta “defraudación sistemática mediante el fraude a un estado” y se reclama una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y malversación de caudales públicos.

Según el escrito, la maniobra estaría relacionada con el nuevo esquema de concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay y tendría un perjuicio estimado en “u$s7.000 millones”.

La presentación sostiene que “la planificación estratégica se sitúa en la órbita de Santiago Caputo”, bajo la “supervisión jerárquica de Luis Caputo”, mientras que la “ejecución administrativa” recaería sobre Benvenuto e Iñaki Arreseygor.

Uno de los ejes centrales de la denuncia es la supuesta confección de un pliego “a medida” para favorecer a la empresa Jan De Nul, actual operadora del dragado.

El texto afirma que “la maniobra se materializa a través de un pliego diseñado con cláusulas de exclusión técnica”, particularmente la exigencia de “44 pies de calado inmediato”, condición que -según los denunciantes- “garantiza un oferente único”.

“Es una licitación con un solo corredor”, sostiene el escrito. Y agrega: “La única empresa que tiene hoy las dragas de succión por arrastre necesarias, que ya están en el río, que ya tienen la logística y que pueden cumplir con esos 44 pies mañana mismo, es la Compañía Sud Americana de Dragados. O sea, Jan De Nul”.

La denuncia también cuestiona el esquema de cobro del peaje. Según los denunciantes, el Gobierno buscaría que el concesionario privado vuelva a recaudar directamente los ingresos de la Hidrovía, desplazando a la Administración General de Puertos (AGP). “Estamos hablando de 500 millones de dólares al año. Si el privado cobra y el privado dice cuánto dragó, se acaba el control. Es la caja perfecta”, afirma el texto.

En otro tramo, el escrito asegura que “si algo funciona y da superávit, ¿por qué lo querés privatizar de nuevo? La única respuesta es la caja”. Y añade: “El Estado pierde la capacidad de saber qué pasa en el río. Pierde la soberanía económica sobre el principal canal de salida de nuestras riquezas”.

La presentación judicial también menciona supuestas reuniones informales en oficinas de Puerto Madero. “Se menciona que asesores directos de Santiago Caputo se habrían sentado con representantes técnicos de la Compañía Sud Americana de Dragados para ‘pulir’ las condiciones técnicas”, señala el documento.

Disputa de empresas belgas

En tanto, la licitación internacional para la concesión de la Vía Navegable Troncal, conocida como hidrovía Paraná-Paraguay, llegó hoy a su instancia final.

Tras la apertura de las ofertas económicas, tanto Jan De Nul como DEME presentaron la misma propuesta económica, en el nivel mínimo permitido por el pliego. Por la diferencia técnica obtenida en la etapa anterior, la primera se perfila como adjudicataria para operar, mantener y modernizar la principal ruta fluvial de exportaciones del país y la región durante los próximos 25 años.

El proceso, iniciado en diciembre de 2025, enfrentó a dos multinacionales belgas: Jan De Nul, actual operadora del dragado de la hidrovía, y Dredging, Environmental & Marine Engineering (DEME). La brasileña DTA Engenharia participó en la primera etapa, pero no superó la evaluación técnica.

Ambas empresas presentaron ofertas económicas en los mínimos de las bandas establecidas. Sin embargo, la diferencia técnica lograda por Jan De Nul en la etapa anterior -más de 24 puntos sobre 80 posibles- la posiciona con ventaja frente a su competidora.

Las compañías propusieron el mismo valor mínimo de tarifa para cada tramo: U$S 3,80 para la etapa 0, U$S 4,65 para la etapa 1 y U$S 5,78 para la etapa 2, lo que suma U$S 14,23 por el recorrido completo de la hidrovía.

De acuerdo con datos oficiales, esta rebaja representará un ahorro anual de entre U$S 35 y U$S 40 millones para los usuarios, ya que la tarifa de peaje podría descender un 15 por ciento. La definición final, a cargo del Gobierno, se conocerá en el próximo mes.

 

FUENTE: Ámbito / Infobae.