El titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados bonaerense, Andrés de Leo, presentó un proyecto de ley para crear un Régimen de Recupero de Costos Operativos por Falsas Amenazas en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, a fin de que los padres paguen por los gastos extraordinarios que producen las amenazas de sus hijos.

En las últimas semanas, los establecimientos educativos recibieron un incremento sostenido de falsas amenazas, especialmente alertas de bomba y tiroteos, lo que obligó a los directivos a la activación inmediata de operativos de emergencia, que implican un importante despliegue de recursos humanos y materiales.

“Cuidar la educación también es poner límites, cada falsa amenaza tiene un costo económico, pero sobre todo un costo humano que no podemos seguir naturalizando, tenemos que decir basta de falsas amenazas: alguien tiene que hacerse cargo”, afirmó el lilito.

En ese marco, De Leo presentó la propuesta con el objetivo de que los padres de los estudiantes que realizaron las amenazas deban hacerse cargo de los costos operativos, incluyendo la intervención de fuerzas policiales, brigadas especializadas, bomberos, servicios de emergencia, así como cualquier otro recurso humano o material afectado.

Además, el texto dispone que el monto a reintegrar será determinado mediante un procedimiento administrativo fundado, con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. En caso de que los autores sean menores de edad, la responsabilidad recaerá en sus padres, tutores o responsables legales, conforme a la normativa vigente.

“El proyecto parte de una premisa clara: quien provoca deliberadamente un daño al Estado mediante la activación injustificada de recursos públicos debe responder patrimonialmente por ello”, completó el legislador.

Es preciso señalar que, la propuesta del diputado bonaerense también prevé la creación de un Registro Provincial de Incidentes de Amenazas en Establecimientos Educativos, con el objetivo de sistematizar la información, fortalecer la prevención y mejorar la toma de decisiones ante el aumento exponencial de falsas denuncias.

De esta manera, De Leo subrayó que “el proyecto introduce una herramienta administrativa ágil, que permite la determinación fundada del costo del operativo en función de parámetros objetivos, recursos afectados, duración, complejidad del despliegue, y garantiza al mismo tiempo el derecho de defensa del presupuesto responsable, asegurando el debido proceso”.

FUENTE: Diputados bonaerenses.