La sesión del Concejo Deliberante comenzó con un reconocimiento a los integrantes del Museo local por su 30° aniversario, en un clima inicialmente distendido que luego daría paso a un debate intenso.

Posteriormente, se solicitó dar prioridad al tratamiento de los proyectos impulsados desde la comisión de Calidad de Vida, centrados en políticas vinculadas a la discapacidad.

Entre las iniciativas abordadas se destacaron la declaración de la Semana Azul, la creación de espacios de regulación para personas con condición autista y la provisión de kits específicos para acompañar estos procesos.

La concejal Gelitti fue la encargada de introducir el tema, argumentando la importancia de avanzar en herramientas concretas de inclusión, postura que fue respaldada por Claudia Barroso de La Libertad Avanza.

Sin embargo, el debate escaló en tensión con la intervención de Malena Alonso, de Fuerza Patria, quien cuestionó lo que consideró una contradicción del bloque de La Libertad Avanza.

En su exposición, remarcó que mientras a nivel nacional se impulsan recortes en áreas sensibles como discapacidad -incluyendo cuestionamientos a la gestión de la ANDIS-, en el ámbito local se promueven proyectos de ampliación de derechos.

La respuesta llegó por parte de Daniela Monzón, quien defendió la postura de su espacio y puso el foco en irregularidades detectadas durante gestiones anteriores en la adjudicación de Certificados Únicos de Discapacidad, trasladando la discusión hacia responsabilidades históricas.

Más allá de los cruces, los proyectos fueron finalmente aprobados por unanimidad, evidenciando un consenso en torno a la necesidad de avanzar en políticas inclusivas, aunque con diferencias marcadas en el diagnóstico del contexto.

Hogar Mignaquy

Otro de los ejes centrales de la sesión fue la situación del Hogar Mignaquy. Monzón cuestionó la falta de acción del Ejecutivo local desde el inicio de su gestión, señalando un estado de abandono.

La réplica estuvo a cargo de Pilar Vives, quien detalló las acciones realizadas, como reuniones con exalumnos interesados en recuperar el espacio y tareas de mantenimiento.

Vives también hizo hincapié en la falta de financiamiento y apuntó al retiro del apoyo nacional a una obra ya aprobada para la institución. “La crítica es legítima, pero la responsabilidad política no puede agotarse en lo que falta”, sostuvo, e invitó a gestionar recursos ante Nación.

En el cierre, Carla Bruno reclamó decisiones concretas y mayor celeridad en las respuestas: “Que el Ejecutivo sea ejecutivo y haga”, sintetizó. La sesión dejó expuestas las tensiones políticas, pero también acuerdos clave en materia de discapacidad.

El tránsito, en agenda

El tránsito ocupó su lugar en la agenda del Concejo Deliberante, con proyectos vinculados a controles, sanciones y seguridad vial.

Uno de los puntos más destacados fue el pedido de informes presentado por la concejal Marita Gelitti, dirigido al director operativo de Seguridad.

La iniciativa, que había sido tratada previamente en la comisión de Asuntos Legales, está vinculada a un procedimiento de control de tránsito realizado meses atrás, que tomó estado público a partir de la difusión de videos donde se registraban situaciones de violencia verbal y física entre inspectores y un infractor.

“Nos generó alarma cómo están capacitados los inspectores para abordar y manejar estas situaciones complejas”, expresó Gelitti. En ese sentido, también señaló que nunca se informó oficialmente si desde el área de Personal se inició o no un sumario administrativo al agente involucrado.

Desde distintos bloques acompañaron el pedido. La concejal Pilar Vives sostuvo: “Vamos a acompañar porque entendemos que la información y la transparencia fortalecen a las instituciones”. Al mismo tiempo, destacó el trabajo cotidiano del sector: “La labor del inspector de tránsito no es sencilla y lo sabemos todos”, afirmó, aclarando que esto no implica justificar lo ocurrido en ese caso puntual. El pedido de informes fue finalmente aprobado por unanimidad.

En la misma línea, Gelitti presentó un proyecto de resolución para solicitar al Ejecutivo la reglamentación de la ordenanza N° 3388.

Esta normativa contempla la posibilidad de reemplazar sanciones económicas, como multas por infracciones de tránsito u otras ordenanzas municipales, por tareas comunitarias, en casos que deberán ser evaluados por el Juzgado de Faltas.

La propuesta no se limita únicamente a situaciones de imposibilidad de pago, sino que también apunta a generar un cambio de conducta en los infractores, promoviendo su participación en actividades dentro de instituciones públicas o privadas. La iniciativa también fue aprobada.

Por otro lado, el bloque de La Libertad Avanza impulsó un pedido de informes para conocer qué acciones lleva adelante el Municipio frente a grupos de motociclistas que realizan maniobras peligrosas en distintos puntos de la ciudad.

El proyecto solicita detalles sobre las medidas preventivas, administrativas y operativas implementadas para reducir riesgos, así como información sobre si se ha logrado identificar a los responsables de estas conductas.

 

FUENTE: BragadoTV.