Ante nuevas supuestas maniobras de corrupción detectadas en el marco de la investigación por los contratos direccionados y con sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el fiscal federal Franco Picardi pidió que su extitular, Diego Spagnuolo, sea citado nuevamente a indagatoria. 

En este caso, son maniobras que involucrarían fondo públicos por $ 76 mil millones. Una vez más, la justicia encontró a "un reducido grupo de empresarios" beneficiados.

"Se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo. Maniobras que implicaron la erogación de aproximadamente 75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial", sostuvo el fiscal Picardi en su pedido de indagatoria.

Spagnuolo, exfuncionario libertario y abogado del presidente Javier Milei, ya se encuentra procesado por corrupción por el desvío de compra de medicamentos, coimas y maniobras irregulares.

Para la fiscalía los presuntos actos de corrupción se llevaron a cabo al menos desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025 cuando funcionarios públicos de la ANDIS direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de sumas millonarias a cambio de retornos y dádivas de diversa índole.

Hasta el momento, se detalló, los nuevos hallazgos "demuestran que más de veinte empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian".

La investigación central se realizó sobre 21 compulsas denominadas “reducidas”, “chicas” o “especiales”, las que representaron la compra de miles de medicamentos y sumas de miles de millones de pesos.  Se habló en este sentido $ 30.337.220.919,77.

Se comprobó un "esquema ilegítimo de direccionamiento de compras de medicamentos hacia empresas vinculadas o “amigas”, mediante la exclusión deliberada de competidores y la consecuente generación de sobreprecios".

A ello se sumó el análisis del segmento de insumos auditivos, donde las compulsas, adjudicaciones y órdenes de compra replicaron la misma lógica: "una competencia meramente aparente, configurada a través de firmas que operaban como fachadas de un mismo grupo de interés económico. Eso pudo ser detectado oportunamente en base a los análisis realizados hasta ese momento".

Ahora se suman nuevos datos. El progresivo análisis del sistema SIIPFIS y otras evidencias que fueron recolectadas a lo largo de la investigación, “dieron cuenta de la existencia de otras maniobras similares a las detectadas en medicamentos y determinados insumos”.

Entonces, dijo Picardi en su dictamen, “además de todas las actividades ilícitas identificadas y de todas las personas que ya han sido imputadas en el caso , en esta oportunidad, se detallan nuevas maniobras de similares características, en las que han participado personas ya procesadas y llamadas a indagatoria, y, también personas -físicas y jurídicas- que hasta el momento no habían podido ser identificadas”

Los nuevos hechos descubiertos por la fiscalía "ponen de manifiesto la relevancia pública del caso ANDIS", ponderó el Ministerio Público. Los insumos que se comercializaron de "manera ilícita son dispositivos y tecnologías médicas que resultan sumamente costosas para el sistema de salud".

Se trata, así, de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas, sillas de ruedas motorizadas, entre otros.

Estos insumos, por sus particularidades, eran -y son- gestionados desde el Programa Incluir Salud, cuando se trata de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas.

El Programa Incluir Salud, que depende de la ANDIS, fue creado para diseñar e implementar políticas públicas destinadas a esta población especialmente vulnerable.

Sin embargo, escribió en su dictamen el fiscal Picardi, "en vez de cumplir con sus objetivos institucionales, los jefes de la organización criminal montaron allí un servicio ilícito de pagos permanentes para un determinado grupo empresarial, en perjuicio de las arcas del Estado y de la población destinataria de las políticas públicas de ANDIS".

Este servicio calificado por la fiscalía como ilícito implicó, además, "discrecionalidad en la autorización para comercializar con ANDIS; la remisión de información privilegiada para facilitar las adjudicaciones de compras y la coordinación de la cartelización empresarial".

Todo contó con la participación directa de empresarios en las decisiones institucionales. Por ejemplo: en la contratación del personal; en la concreción de determinadas compulsas de precios; y, en la determinación de las empresas que "resultarían adjudicatarias de dichas compulsas de precios".

La investigación que lleva siete meses, volvió a ser descripta por la fiscalía con la misma expresión: "la ANDIS funcionó como una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente" para beneficiar a unos pocos.

 

FUENTE: Clarín / La Nación.