El Gobierno comenzó a delinear su estrategia judicial frente a las denuncias presentadas por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y dirigentes vinculados al oficialismo.

Tras el ingreso de dos presentaciones penales en Comodoro Py, que quedaron radicadas en los juzgados de Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti, en la Casa Rosada y en la entidad financiera trabajan en una respuesta formal que será elevada a la Justicia en las próximas horas.

Según trascendió de fuentes oficiales, la defensa del Ejecutivo se apoya en la legalidad de los préstamos y en que no existió ningún trato preferencial para los beneficiarios. Desde el Banco Nación aseguran que cada operación fue otorgada bajo las mismas condiciones disponibles para cualquier cliente que cumpliera con los requisitos de ingresos, garantías y capacidad de repago.

En esa línea, remarcan que los montos cuestionados cuentan con respaldo hipotecario y codeudores, al tiempo que buscan desactivar la acusación de un eventual beneficio político.

La primera denuncia fue presentada por el abogado Alejandro Díaz Pascual y recayó por sorteo en el juzgado federal de Daniel Rafecas.

Está dirigida principalmente contra Daniel Tillard, ex presidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras del Banco Central.

La acusación pone el foco en posibles delitos como administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público.

La segunda denuncia fue impulsada por la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, junto con el diputado socialista Esteban Paulón, y quedó en el juzgado de María Eugenia Capuchetti.

Esta presentación es más amplia porque, además de incluir a Tillard, incorpora a varios de los beneficiarios de los créditos, entre ellos Federico Furiase, Pedro Inchauspe, Felipe Núñez y legisladores libertarios como Mariano Campero, Lorena Villaverde, Santiago Santurio y Alejandro Bongiovanni.

El eje está en determinar si hubo trato preferencial, conflicto de intereses o condiciones especiales en el otorgamiento de los préstamos.

FUENTE: Ámbito.