El diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Oscar Liberman,  presentó en las últimas horas el proyecto de “ley Rodrigo”, una normativa que apunta a prohibir el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y que cuenta con el apoyo de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado.

La iniciativa lleva el nombre de “ley Rodrigo” en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien semanas atrás se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras haber sido víctima de una extorsión telefónica.

La investigación judicial arrojó que el delito se organizó desde la cárcel bonaerense de Magdalena y fue efectuado por familiares de los detenidos en aquella unidad penitenciaria. Justamente, la propia jueza Arroyo Salgado dictó la prisión preventiva para siete personas acusadas de formar esa organización criminal.

En rigor, en su proyecto Liberman propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”, un esquema dictado durante 2020 en la pandemia del coronavirus para facilitar la comunicación de los internos ante las restricciones sanitarias.

Asimismo, modifica el inciso 5 del artículo 0 de la Ley de Ejecución Penal bonaerense para establecer que las personas recluidas de su libertad solo podrán tener una comunicación telefónica con los dispositivos móviles provistos y controlados por el Servicio Penitenciario.

En ese sentido, el tiempo de comunicación por interno estará limitado a un máximo de dos horas diarias y solo podrán comunicarse con hasta 5 personas, que serán autorizadas por medio de un listado realizado por el propio detenido y elevado al oficial de turno.

 El Servicio Penitenciario deberá supervisar dichos contactos para “garantizar la seguridad del establecimiento y la protección del orden público y de las víctimas”.

FUENTE: Diputados bonaerenses.