Con 40 senadores sentados en sus bancas, y a menos de 24 horas de que se aprobara la reforma de la Ley de Glaciares y sancionar el acuerdo Mercosur-Unión Europea, el Senado de la Nación sesiona para sancionar reforma laboral y el Régimen Penal Juvenil.

La votación es la última actividad de las sesiones extraordinarias antes del discurso de apertura de Javier Milei en el Congreso. Las inmediaciones del Palacio se encuentran valladas y se despliega un importante operativo de seguridad.

Pasadas las 11, todos los bloques, salvo Popular, que conduce José Mayans y los dos senadores de Movere por Santa Cruz, se puso en marcha la última sesión antes de que el Presidente brinde su tercer discurso ante la Asamblea Legislativa.

En la previa al debate, el oficialismo daba por descontado que contaría con apoyos para convertir en ley ambos proyectos.

Mientras en las inmediaciones del Congreso se desplegaba un importante operativo de seguridad, la Cámara que conduce Victoria Villarruel comenzó a debatir el Régimen Penal Juvenil.

Además de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el objetivo del proyecto es "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social".

Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".

El senador que oficio de miembro informante fue Gonzalo Guzmán Coraita, de LLA. Luego de pronunciar su discurso, que leyó casi en su totalidad, su par de Popular Juliana Di Tullio pidió la palabra para cuestionar que, una vez más, los libertarios leen en lugar de explicar, con sus palabras, las leyes que defienden. La bonaerense le recordó que así lo establece el reglamento de la Cámara alta, que tiene rango constitucional. "Alguno tiene que hablar para poder entender una ley que defienden", le recriminó Di Tullio.

En su discurso, el salteño señaló: “Estamos frente a una jornada histórica: nos proponemos derogar el Régimen Penal de la Minoridad que rige hace 46 años. Vamos reemplazarlo por uno moderno, integral y especializado. No es solo una actualización normativa, es saldar una deuda con la sociedad”.

A su turno, el chaqueño Jorge Capitanich alertó sobre un ítem que también se coló en Diputados, cuando se debatió. Y este tiene que ver con los fondos que se destinen para la implementación de la ley. "Si no contamos con el presupuesto necesario, estas quedan en letra muerta y constituyen una frustración colectiva", señaló el exgobernador.  Según el Ejecutivo, el costo de implementación del nuevo régimen superaría los $23.000 millones.

A los ojos de la oposición, este monto es insuficiente. Este monto se utilizaría para complementar los gastos de las provincias para la implementación del nuevo régimen, que no hayan sido contemplados en sus respectivos presupuestos. Es que estos fueron sancionados antes de la aprobación de la ley.

En este sentido, la diputada de UP, Paula Penacca, en la sesión en la que se le dio media sanción a la iniciativa, hizo el siguiente cálculo: el costo del metro cuadrado según el servicio penitenciario federal es de $ 3,2 millones.

Con el presupuesto establecido en el proyecto de ley se podría construir 7.400 metros cuadrados. Dividido por los 24 distritos, se podrían construir 308 metros cuadrados en cada una de las provincias.

FUENTE: Ámbito.