La primera sesión del año en la Cámara de Diputados tuvo un clima especial: en la vereda del Congreso, pasacalles mostraban rostros de víctimas, mientras que en los balcones del recinto estaban presentes las "Madres del Dolor" y familiares de jóvenes asesinados, entre ellos el padre de Kim Gómez y la madre de Jeremías Monzón. Ese despliegue y convocatoria rodearon la aprobación del proyecto del Régimen Penal Juvenil, con 149 votos a favor y 100 en contra.

La iniciativa del Gobierno busca reemplazar el Régimen de Minoridad decretado en 1980 y propone reducir la edad de la imputabilidad de 16 a 14 años, lo que representaría el cambio más significativo en legislación penal de la gestión de Javier Milei. La Libertad Avanza consiguió el apoyo de la UCR, el PRO, un porcentaje mayoritario de Provincias Unidas, Innovación Federal y otras bancadas aliadas, mientras que el rechazo estuvo por parte de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

Aún falta el tratamiento del Senado de la Nación, que podría llegar el jueves 26 de febrero, en conjunto con la modificación de la ley de Glaciares.

El proyecto sufrió modificaciones de último momento de la votación. Por impulso de la Coalición Cívica, se reformaron los artículos 17, 30 y 34 para que se explicite que los menores de edad no serán privadas de su libertad en el mismo establecimiento que los adultos.

A su vez, con un cambio del artículo 43, se quitó la posibilidad de que la querella intervenga en el proceso a prueba, dejándole esa atribución al Ministerio Público Fiscal.

Desde el sector peronista que adhiere a la baja de imputabilidad señalan la inconstitucionalidad de la redacción libertaria -a la que se opondrán- y piden reformar el artículo 34 del Código Penal que determina quiénes son los sujetos punibles.

Según propone su texto, el objetivo del proyecto es "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social". Para ello, propone capacitaciones, recreación y deportes, además de atención médica y de contención por adicciones. Se ofrece también velar "por la tutela efectiva de los derechos de las víctimas" y se habilitan "instancias de mediación con el adolescente imputado".

La redacción libertaria establece penas máximas de 15 años, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena.

Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.

FUENTE: Ámbito / Clarín.