La Legislatura bonaerense volvió a poner el foco en la proliferación de canales y terraplenes clandestinos que alteran el escurrimiento natural del agua y agravan el riesgo de inundaciones en zonas rurales y urbanas.

A través de un pedido de informes, se solicitó al Poder Ejecutivo detalles sobre la aplicación del nuevo “Procedimiento para la resolución de obras hidráulicas no autorizadas”, aprobado por la Resolución Nº 46/2026 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, que reemplazó normativas vigentes desde hace más de dos décadas.

La iniciativa, impulsada por la diputada provincial de la Coalición Cívica, Romina Braga, busca conocer cómo se implementa el sistema de detección, sanción y remoción de estas obras ilegales, en un contexto donde el Código de Aguas exige autorización previa de la Autoridad del Agua para cualquier intervención hidráulica.

Entre los puntos centrales, se solicita información sobre el uso de herramientas geoespaciales de alta resolución para identificar canales clandestinos, la articulación técnica entre la Autoridad del Agua y la Dirección Provincial de Hidráulica, y los criterios que se aplican cuando existen evaluaciones técnicas divergentes.

El pedido también pone el acento en el rol de los municipios, habilitados como autoridades de comprobación concurrentes para recibir denuncias y realizar relevamientos.

En ese marco, se consulta si la Provincia brindó capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales, qué distritos ya firmaron convenios de colaboración y cómo se garantizará que el cambio de procedimiento no genere demoras en la restitución de obras ilegales.

Además, se indaga si está previsto un régimen de regularización para intervenciones no autorizadas que cumplan estándares técnicos y no perjudiquen a terceros ni al dominio público hídrico.

FUENTE: Diputados bonaerenses.