Una decisión de la Comisión Europea (CE) encendió las alarmas en la agroindustria argentina y amenaza con generar un fuerte impacto económico, industrial y laboral. Según advirtió la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) junto con el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), una nueva clasificación ambiental impulsada por Bruselas podría provocar pérdidas anuales estimadas en U$S 350 millones y el virtual cierre del negocio exportador de biodiésel de soja.

El foco del conflicto es un documento técnico publicado por la Comisión Europea, en el que se revisan los criterios vinculados al ILUC (Indirect Land Use Change o cambio indirecto del uso del suelo), una metodología que evalúa el impacto ambiental de los cultivos destinados a biocombustibles.

En ese informe, la soja fue incorporada por primera vez a la categoría de “alto riesgo ILUC”, quedando equiparada al aceite de palma, históricamente cuestionado por su impacto ambiental.

De avanzar esta clasificación y ser adoptada formalmente a lo largo de 2025, la consecuencia sería directa y de alto impacto: la Unión Europea dejaría de importar biodiésel de soja y aceite de soja destinado a biocombustibles, excluyendo de hecho al producto argentino del mercado comunitario.

En la práctica, el nuevo esquema dejaría habilitado casi exclusivamente al aceite de colza, producido mayoritariamente dentro del propio bloque europeo.

Para la Argentina, esto implica un golpe crítico: la UE es hoy el único mercado de exportación relevante para el biodiésel argentino, luego de años de conflictos comerciales, aranceles y restricciones en otros destinos.

“La exclusión del mercado europeo significaría no solo una pérdida comercial directa de alrededor de U$S 350 millones por año, sino también el cierre de plantas industriales, pérdida de puestos de trabajo y un impacto negativo en toda la cadena agroindustrial”, advirtieron desde CIARA-CEC.

Barrera comercial

Desde el sector empresario no dudaron en calificar la iniciativa europea como una barrera comercial encubierta. El presidente de CIARA, Gustavo Idígoras, fue contundente al cuestionar la medida.

“La medida europea es desde todo punto de vista una barrera injustificada al comercio. El concepto de cambio indirecto del uso del suelo es un invento para eliminar competencia a las fábricas europeas de biodiésel y dejarnos afuera del único mercado que tenemos”, afirmó.

Idígoras también puso en duda el sustento técnico del informe elaborado por la Comisión Europea. Según explicó, los datos productivos argentinos contradicen las conclusiones del estudio.

“Vamos a presentar información técnica que demuestra que la superficie sembrada de soja en la Argentina no crece; de hecho, viene bajando desde hace más de una década. Tampoco se pierde reserva de carbono en el suelo”, señaló.

Desde la industria remarcan que el biodiésel argentino cumple con estándares ambientales exigentes y que el país cuenta con sistemas de trazabilidad y control que garantizan una producción sustentable, muy lejos de los procesos que motivaron las restricciones al aceite de palma en el sudeste asiático.

Más allá de la discusión técnica, en el sector agroexportador argentino interpretan que la decisión tiene un trasfondo político vinculado a las tensiones internas dentro de la Unión Europea y al demorado acuerdo comercial con el Mercosur.

“No es un debate científico sino político, porque la UE busca compensar a los países que se oponen al acuerdo con el Mercosur cerrando el mercado a productos competitivos de la Argentina”, advirtió Idígoras.

En este sentido, la clasificación de la soja como insumo de alto riesgo ambiental aparece como una herramienta para proteger a los productores europeos y limitar el ingreso de biocombustibles más competitivos en precio y escala, como los argentinos.

FUENTE: Ámbito.