La senadora bonaerense de La Libertad Avanza (LLA), Analía Balaudo, llevó en las últimas horas la crítica situación que atraviesan los vecinos de Carlos Casares a la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y amenazó con presentar un amparo colectivo en la Justicia si tanto el Ejecutivo provincial como municipal no resuelven la problemática.

Según explicó la legisladora, a los anegamientos que vienen sufriendo los vecinos hace varios años, se le sumo ahora la falta de agua. “No es un problema nuevo ni un imprevisto: es una crisis anunciada que nadie quiso resolver.

Desde marzo de 2025 empezó la baja presión, siguió en el invierno y se agravo en primavera con cortes eléctricos que dejaron fuera de servicio al acueducto Moctezuma”, denunció.

“En diciembre el sistema colapsó, en enero, directamente emergencia: vecinos días sin agua y centros de salud abastecidos con camiones cisterna, esto pasa en la provincia de Buenos Aires en 2026, en las zonas rurales fue peor, vecinos sin agua y sin luz al mismo tiempo, bombas paradas, cañerías rotas durante semanas y productores afectados en plena emergencia agropecuaria”, amplió Balaudo.

En tanto, la empresa ABSA informó esta semana que la baja presión en la red de abastecimiento tanto de Casares como de Pehuajó ocurrió por los microcortes de energía eléctrica sobre los equipos de producción de agua que alimentan el Acueducto Moctezuma, reduciendo de esta manera el caudal que ingresa a la Planta Potabilizadora.

Vale recordar que, en septiembre de 2025, productores rurales de Carlos Casares denunciaron penalmente al intendente de Unión por la Patria, Daniel Stadnik, a quien responsabilizaron las inundaciones, al mantener inactivo el Comité de Cuenca Subregión A3 que preside, mientras la región sigue bajo el agua desde febrero a esta parte.

La presentación judicial incluyó cargos por estrago doloso por inundación, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión impropia con deber de garante, delitos que contemplan penas de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Para los denunciantes, el jefe comunal Stadnik y los funcionarios provinciales “conocían el riesgo, contaban con la obligación legal y técnica de actuar, y sin embargo eligieron no hacerlo”.

FUENTE: Diputados bonaerenses.