El gobierno bonaerense profundizó la declaración de emergencia agropecuaria por inundaciones con una batería de decretos que abarcan a más de una decena de partidos del interior provincial, en un reconocimiento explícito de la persistencia y magnitud del daño productivo. Las medidas, firmadas por Axel Kicillof y publicadas hoy en el Boletín Oficial, combinan prórrogas y nuevas declaraciones de emergencia y/o desastre agropecuario, con impacto directo sobre productores rurales afectados por excesos hídricos extraordinarios.

Uno de los decretos prorroga la emergencia en el partido de Roque Pérez, donde las circunscripciones III, IV, V, VII y VIII continuarán bajo ese régimen entre el 1° de septiembre de 2025 y el 28 de febrero de 2026. La Provincia admitió que las condiciones que motivaron la declaración original no solo no se revirtieron sino que siguen afectando la capacidad productiva de los establecimientos rurales, según evaluaciones técnicas, informes agroclimáticos y relevamientos en campo.

En paralelo, otro decreto declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por inundación en cinco partidos clave del centro y noroeste bonaerense: Pehuajó, Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú. En el caso de Pehuajó, la medida alcanza a la totalidad de sus circunscripciones; en Junín, Tapalqué, Rauch y Maipú, a amplias zonas rurales definidas por circunscripción catastral. El período de vigencia se extiende del 1° de septiembre de 2025 al 28 de febrero de 2026, reflejando un escenario de afectación generalizada.

La emergencia también fue declarada para los partidos de General Guido, Daireaux, Carlos Tejedor y Dolores, donde el impacto de las inundaciones obligó a establecer un régimen excepcional desde el 1° de noviembre de 2025 hasta el 30 de abril de 2026. En estos distritos, el alcance territorial vuelve a ser amplio, cubriendo la mayor parte de las circunscripciones rurales y confirmando que el fenómeno climático golpeó de manera transversal a distintas regiones productivas.

A ese cuadro se suma la prórroga de la emergencia en General Alvear, Las Flores y Chacabuco, donde la Provincia extendió un régimen ya vigente hasta fines de abril de 2026. Allí, el Ejecutivo reconoció que la recuperación no fue posible dentro de los plazos previstos inicialmente y que las explotaciones continúan operando bajo condiciones adversas que comprometen la producción y la rentabilidad.

En todos los casos, los decretos habilitan beneficios fiscales y financieros para los productores cuya actividad principal sea la explotación agropecuaria, incluyendo exenciones o reducciones del Impuesto Inmobiliario Rural y el acceso a líneas de crédito especiales a través del Banco Provincia. Con este paquete de medidas, la administración bonaerense busca amortiguar el impacto económico de un fenómeno climático que ya dejó de ser excepcional para transformarse en un problema estructural en vastas zonas del campo provincial.

FUENTE: La Tecla