A través de un decreto que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, el Gobierno nacional estableció cambios estructurales en la organización, funciones y conducción del sistema y de la Secretaría de Inteligencia del Estado. 

Tras la oficialización de la normativa, la SIDE justificó los cambios mediante un comunicado difundido por la cuenta oficial de X.

"Los desafíos globales contemporáneos y el nuevo rol central que ocupa la República Argentina en el escenario mundial, a partir del liderazgo del Presidente Javier G. Milei, requieren que la Nación cuente con un Sistema de Inteligencia Nacional moderno, profesional y eficiente, alineado con los más altos estándares democráticos y republicanos”, detalla el texto.

En esa línea, se precisó que “el objetivo central de esta reforma es acotar, definir y clarificar con precisión tanto la estructura como las competencias del Sistema de Inteligencia Nacional, adecuándolo a las amenazas y desafíos del siglo XXI”.

Al respecto, se destacó la eliminación de funciones que “históricamente le fueron asignadas sin sustento institucional”, como la seguridad interna - bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional - y la protección de la infraestructura crítica y de los sistemas de información del Estado, que pasarán a depender de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

El comunicado también subrayó que la reforma apunta a “un proceso de racionalización y achicamiento de la estructura”, con el objetivo de concentrar las capacidades del Sistema de Inteligencia en su función esencial.

En cuanto a la contrainteligencia, el Gobierno señaló que la normativa la define “de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos”, y remarcó que busca poner fin a prácticas del pasado vinculadas a la persecución política interna, el espionaje doméstico o el control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos.

Por último, el texto afirmó que la reforma “forma parte del proceso histórico que impulsa el Presidente Javier G. Milei para dejar atrás décadas de desorden, opacidad y uso político del Estado”, y la definió como “una decisión estructural” orientada a consolidar “un Estado limitado, profesional y al servicio de los ciudadanos, de la República y de la libertad”.

Rechazo opositor 

A través de posteos en X, referentes del peronismo, el socialismo y el radicalismo expresaron objeciones al contenido que se conoce hasta ahora y al mecanismo elegido para modificar la Ley de Inteligencia Nacional.

Uno de los ejes centrales de los cuestionamientos fue el recurso al decreto. El diputado socialista Esteban Paulón sostuvo que el DNU 941/25, según la información, modificaría aspectos sustanciales de la ley vigente sin pasar por el Congreso ni por la Comisión Bicameral.

“Mientras sonaban las cañitas voladoras, modifica la Ley de Inteligencia Nacional (25520), generaliza un estado de sospecha y transfiere competencias sensibles a las áreas bajo el control de Karina Milei”, escribió Paulón en su cuenta de la red social X. En el mismo mensaje agregó que “la interna entre Karina y Santiago Caputo es un riesgo para la seguridad nacional y pone en riesgo la autonomía e independencia de la Inteligencia nacional”.

Ricardo Alfonsín también expresó su preocupación por la vía elegida. Señaló que se trata de un tema que debería ser debatido y consensuado y afirmó que no existirían razones que justifiquen el uso de un DNU. “Entre gallos y medianoche, Milei modifica la ley de inteligencia”, escribió.

En la misma línea, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau planteó que el alcance del decreto implicaría, en los hechos, el dictado de una nueva ley de inteligencia, con un corrimiento de las facultades del Congreso y denunció que viola “expresamente” la Constitución Nacional. “Pasa descaradamente por encima de las facultades del Congreso. Obliga a toda la administración nacional y provincial a transformarse en delatores de la oposición política. Es un claro retroceso democrático”.

El exministro de Defensa, Agustín Rossi, coincidió en que cualquier modificación de la ley debería realizarse mediante una norma sancionada por el Parlamento. “Este DNU fortalece la idea de un Estado represor, oscuro, con ausencia de derechos y garantías para la ciudadanía argentina”.

FUENTE: Ámbito / TN.