Con Javier y Karina Milei en Noruega, el Gobierno puso sobre la mesa la reforma laboral, una de las iniciativas con mayor impacto y riesgo político de la administración libertaria, que este miércoles cumplirá dos años. La CGT tomó distancia del proyecto oficial, como ya se había anunciado.

Manuel Adorni fue el encargado de comunicar en una declaración ante la prensa -en la que no se admitieron preguntas- las líneas generales del proyecto que ya había circulado en incontables borradores e ingresará en las próximas horas al Senado para su tratamiento. "Ustedes ya tienen el proyecto, porque se ha filtrado a la prensa, más allá que no sea el proyecto definitivo, cuando esté, en las próximas horas, se va a subir a Argentina.gob.ar", adelantó.

En rigor, el ministro coordinador presentó el informe del denominado Consejo de Mayo, que incluirá los proyectos de leyes que el Gobierno enviará al Congreso y los aportes de los consejeros que no fueron tenidos en cuenta por el Ejecutivo y que se abre con una cita del novelista peruano Jaime Bayly. Son propuestas para ocho de los diez puntos incluidos en el Pacto de Mayo, que firmaron 18 gobernadores el 9 de Julio de 2024. La coparticipación y la reforma previsional quedaron excluidos.

"Lo que más se destaca sobre la modernización laboral es: ultraactividad, prelación de convenios carga fiscal laboral. Hay un montón de cosas, hay temas para trabajadores autónomos, de plataformas, cambios en el trabajo agrario y la derogación de normas obsoletas como la Ley de teletrabajo, que no tuvo el efecto deseado", dijo Adorni sin dar ninguna especificación sobre la reforma.

El proyecto establecería una modificación significativa en el financiamiento del régimen de indemnizaciones por despidos: la creación de los denominados Fondos de Asistencia Laboral (FAL) que se nutrirán de una contribución obligatoria de las empresas equivalente al 3% de la masa salarial.

También habría modificaciones para crear los llamados bancos de horas y el fraccionamiento de los días de vacaciones, recortes de bajas patronales, entre otros cambios.

En materia laboral el Gobierno incluyó en el informe del Consejo la eliminación de la ultractividad de los convenios colectivos; la prioridad para convenios regionales o de empresa por sobre los nacionales; la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que pretende cubrir indemnizaciones con aportes previos y reducir contribuciones patronales.

Además, la iniciativa también incorporaría incentivos fiscales para nuevas contrataciones y la regularización de empleo no registrado, junto con un régimen específico para repartidores de plataformas y ajustes al trabajo agrario.

El Gobierno también propone una modernización de la Ley de Contrato de Trabajo para limitar la litigiosidad. El Ejecutivo apuesta a un esquema más flexible, con banco de horas, remuneraciones por mérito y transparencia en costos laborales.

Consejo de Mayo

Adorni había encabezado minutos antes de la conferencia la última reunión del Consejo de Mayo, el órgano consultivo no vinculante en el que tenían asiento el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger; empresarios representados por el titular de la UIA Martín Rappallini; el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo, delegado de sus 23 pares; el diputado Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; y la senadora Carolina Losada, por la Alta.

El jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, había tomado distancia la semana pasada, molesto por las filtraciones y el contenido de la reforma que la CGT resiste, y pegó un faltazo anunciado aunque en la Rosada argumentaron que se había retrasado su vuelo desde Washington.

En rigor, el secretario general del gremio de la construcción había regresado anoche y su ausencia fue definida en conjunto con el consejo directivo de la CGT, que volverá a reunirse este jueves para analizar la letra chica de los proyectos del oficialismo.

En el informe del Consejo se explicita el rechazo de Martínez y la CGT al proyecto oficial y se incluye la misiva que la central obrera entregó al Consejo. Según el informe, Martínez reclamó que era necesario mantener la tutela del trabajador, la indemnización por antigüedad y la protección frente al despido discriminatorio. También objetó la falta de claridad sobre qué actividades quedarían fuera de la Ley de Contrato de Trabajo —como plataformas digitales— y cuestionó la eliminación de beneficios no remunerativos sin un esquema compensatorio.

En tanto, el titular de la UIA sugirió la idea de computar hasta el 95% de las contribuciones patronales como crédito fiscal y que se avance en reformas puntuales como vacaciones fraccionadas, banco de horas y pago en cuotas de sentencias laborales.

"Me parece que es una reforma laboral muy muy interesante, me parece muy balanceada (...) El objetivo central que haya más empleo en la Argentina, que se reduzcan los costos que pesan sobre la relación laboral para que los salarios puedan subir."; dijo Sturzenegger a los periodistas acreditados. El ministro es apuntado por gremialistas y empresarios por su falta de muñeca política.

Ritondo, que más tarde almorzó a solas con el ministro del Interior Diego Santilli, señaló que la reforma no es contra en contra de los sindicatos. "Espero que entiendan que tenemos que sumar más argentinos al mercado laboral. No es en contra de nadie, sino a favor de mucha gente. No es ni antisindical ni proempresarial: tiene que ser pro empleado en blanco en la Argentina", dijo el jefe de bloque del PRO.

Cornejo presentó su propuesta para fomentar la empleabilidad de los jóvenes, que no fue incluida porque -al reducir aportes patronales- tenía costo fiscal. "Hay otras cosas en las que se tienen diferencias, pero que no están consignadas por escrito, como la tasa de interés de las indemnizaciones. La UIA tiene otras diferencias y la CGT tiene otras", dijo el mandatario provincial.

El proyecto será empujado en el Senado por la flamante jefa de bloque de LLA Patricia Bullrich, un halcón del Gobierno que tiene una pésima relación histórica con los gremios desde sus tiempos como ministra de Trabajo de Fernando de la Rúa. "Hay muchos gremialistas que no la quieren a Patricia", recordó un integrante del Consejo.

De manera paralela se tramitará en Diputados el primer Presupuesto en tres años, que también exigen el FMI y Washington. La suerte de los dos proyectos están más ligados de lo que aparentan.

Los aliados del Gobierno promueven que -al menos en materia de Presupuesto- la discusión sea ágil y se discutan cambios entre los cerca de 150 legisladores que estarían dispuestos a votar a favor para sancionar la ley antes del 31 de diciembre. El plan oficial incluye que la reforma laboral sea aprobada en la Cámara Alta.

El Gobierno necesita aprobar ambas iniciativas. En los dos casos, la discusión es hasta dónde estará dispuesto a confrontar con gremios y con los gobernadores que trasladaron sus peticiones al Ejecutivo.

 

FUENTE: Clarín / La Nación.