El Gobierno bonaerense estableció un marco obligatorio para el uso de Inteligencia Artificial (IA) en todo el sector público. La medida, formalizada mediante la Resolución 9/25 de la Subsecretaría de Gobierno Digital, apunta a fijar criterios comunes para el desarrollo, implementación y supervisión de estos sistemas dentro de la administración de Axel Kicillof.

Las autoridades explicaron que la aceleración en el uso social y estatal de la IA, potenciada en los últimos años por herramientas de uso masivo como ChatGPT, exige reglas claras para evitar que la innovación choque con derechos básicos.

En ese sentido, desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que cualquier avance tecnológico deberá garantizar la protección de la ciudadanía y no generar impactos negativos sobre sus libertades individuales.

El nuevo reglamento toma como referencia estándares internacionales, entre ellos la AI Act de la Unión Europea (UE), y clasifica los sistemas de IA en cuatro niveles de riesgo.

El primer nivel, definido como inaceptable, quedará estrictamente prohibido y abarca prácticas como el scoring social, mecanismos de manipulación subliminal y la explotación de situaciones de vulnerabilidad.

Un segundo nivel contempla los usos de alto riesgo que la normativa oficial autoriza únicamente bajo condiciones estrictas de control. El listado incluye tecnologías vinculadas a la identificación biométrica, la administración de justicia, la gestión del empleo o la toma de decisiones que puedan afectar derechos sensibles.

Además, el esquema incorpora la categoría de riesgo limitado, que engloba herramientas extendidas como los chatbots genéricos utilizados por dependencias públicas y empresas.

Para esos casos, la Provincia introduce la “autodeterminación informativa”, que obliga a cada organismo a advertir de manera explícita cuando una persona interactúa con un sistema automatizado.

Por otra parte, el documento también establece una serie de lineamientos destinados a preservar garantías básicas, como la necesidad de reducir sesgos en el desarrollo de modelos, asegurar la trazabilidad de los procesos, proteger los datos personales y reforzar los criterios de transparencia y auditoría.

FUENTE: Diputados bonaerenses.