El Gobierno nacional llevó al Consejo de Mayo un borrador de la nueva “Ley de Libertad Educativa” que busca derogar y reemplazar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde el año 2006.

El Ejecutivo focaliza la propuesta en la educación básica, en los niveles inicial, primario y secundario, mientras mantiene sin cambios la Ley de Educación Superior.

El proyecto, todavía en etapa de borrador, incorpora la posibilidad de que cada escuela diseñe planes de estudio propios elaborados conforme a su “ideario” y su “proyecto educativo”.

En este marco, el Estado conservaría la responsabilidad de otorgar validez oficial a cada diseño curricular, aunque promueve un marco más amplio de autonomía institucional.

El primer capítulo define los lineamientos ideológicos centrales de la propuesta y coloca la “libertad educativa” como principio rector del sistema, seguida del “rol preferente” de las familias y la “subsidiariedad del Estado”.

Aunque el texto ya no presenta a la educación como un “bien público”, sostiene la gratuidad desde sala de cuatro hasta el último año de la secundaria y mantiene los contenidos mínimos del Sistema Educativo Nacional.

En esa línea, el artículo 37 incluye la facultad para que las instituciones educativas definan el régimen de gobierno interno, los planes de estudio propios, los reglamentos, el régimen de personal y las políticas de admisión, permanencia y disciplina.

Para las escuelas estatales, el escrito prevé una transición progresiva hacia un esquema de gestión autónoma, al tiempo que incorpora un “Consejo Escolar de Padres” como órgano de participación familiar.

En tanto, el esquema incorpora cambios en el calendario escolar y establece un mínimo de 540 horas anuales para nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria, inferior a las metas definidas el Consejo Federal de Educación para 2024, que fijó 760 y 900 horas, respectivamente.

En paralelo, el proyecto habilita la educación en el hogar como una modalidad alternativa equivalente al homeschooling con opciones híbridas y a distancia, sin fijar edad mínima. El documento indica que los estudiantes que opten por la educación en casa deberán acreditar conocimientos mediante exámenes periódicos.

No obstante, la sección más controvertida de la reforma altera el financiamiento educativo y suprime la meta del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) mediante un esquema que reparte responsabilidades entre el Estado nacional y las provincias.

En consecuencia, la propuesta incluye asignaciones para instituciones estatales y privadas, con apoyos para las familias a través de becas o vales educativos dentro de un sistema federal de monitoreo.

Vale precisar que esta nueva normativa retoma medidas que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ya habían planteado en la Ley Bases.

En ese sentido, el borrador actual profundiza esta orientación y coloca la “libertad educativa” como eje central por encima del rol estatal.

FUENTE: Infobae / Diputados bonaerenses.