El intendente de Carlos Casares, Daniel Stadnik,  se pronunció tras el anuncio del Gobierno nacional sobre el envío de equipamiento para asistir a las zonas rurales afectadas por las inundaciones. El jefe comunal de Unión por la Patria (UxP) buscó dejar clara su posición para evitar lo que definió como una “sorpresa” similar a la de Bahía Blanca, donde la administración de Javier Milei intentó cobrar $43 millones por el uso de puentes de emergencia.

Es que, Stadnik explicó que la asistencia nacional alcanzará a los municipios de Bragado, General Viamonte y Carlos Casares, aunque dejó en claro que su comuna “no tiene capacidad financiera para solventar equipos sin respaldo operativo”.

“Casares va a recibir los equipos si vienen con toda la logística, sino no los quiero”, reiteró el mandatario local al detallar los gastos que implican “combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos y traslados”.

En este marco, el jefe comunal peronista aseguró que trasladó esa condición al director de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Santiago Hardie, y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y remarcó que su distrito enfrenta una emergencia hídrica que destruyó caminos rurales, anegó campos y provocó pérdidas millonarias. “Nosotros no podemos asumir nuevos costos sin apoyo del Estado nacional”, insistió el líder municipal.

Por otro lado, Stadnik expresó su disconformidad con el modo en que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación proyecta repartir los fondos para los municipios afectados y advirtió que un esquema de distribución uniforme sería “injusto”, dado el impacto de las lluvias en Carlos Casares,  Nueve de Julio y el norte de Bolívar.

Cruces con el Comité de Cuenca

Vale precisar que el reclamo se da en un contexto político complejo para el jefe comunal, que enfrenta una denuncia penal que los productores rurales de Carlos Casares presentaron en septiembre pasado.

La causa responsabiliza al intendente justicialista por mantener inactivo al Comité de Cuenca Subregión A3 durante la emergencia hídrica, y por priorizar la campaña electoral en lugar de convocar al organismo.

La presentación judicial, que también involucra a funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense, acusa al mandatario de estrago doloso, incumplimiento de deberes de funcionario público y omisión impropia con deber de garante. En el escrito, los denunciantes sostienen que “Stadnik sabía, podía y debía actuar, y eligió no hacerlo”, en referencia a su condición de ingeniero hidráulico.

Según los productores, la inacción de los funcionarios agravó el colapso estructural del Plan Maestro del Río Salado, iniciado en 1999 y ejecutado apenas en un 50 por ciento a 26 años de su presentación. “No es una catástrofe natural, es un estrago político”, señalaron los denunciantes al reclamar que se investigue la responsabilidad del intendente y de los organismos provinciales.

Pese al proceso judicial y a la emergencia que afecta al distrito, Stadnik insistió en que el Comité de Cuenca “no puede ejecutar obras” y recordó que su función es “coordinar entre municipios y elevar propuestas”.

FUENTE: Diputados bonaerenses.