

El Tribunal Oral Federal N°7 rechazó este lunes los ofrecimientos económicos presentados por más de cincuenta empresarios y exfuncionarios en la megacausa conocida como “Los cuadernos de las coimas”, al considerar que no correspondía aplicar la figura de la “reparación integral” prevista en el Código Penal para extinguir la acción penal.
La resolución, liderada por el juez Enrique Méndez Signori y acompañada por sus colegas Fernando Canero y Germán Castelli, alcanzó a todos las propuestas realizadas en los últimos meses, que incluían montos en efectivo y bienes muebles e inmuebles por un total estimado entre 12 y 21 millones de dólares. Con este pronunciamiento, los imputados deberán afrontar el juicio oral que comenzará el próximo mes.
Entre los oferentes figuraban empresarios de la construcción, la energía y el transporte, así como algunos exfuncionarios. Los montos más altos correspondían a Ángelo Calcaterra -primo del expresidente Mauricio Macri-, con 1,68 millones de dólares; Ernesto Clarens, con 1,5 millones; y Aldo Roggio, con 1,26 millones. También presentaron propuestas Gabriel Pedro Losi (557 mil), Juan Manuel Collazo (603 mil), Héctor Javier Caballero (460 mil) y Mario Rovella (494 mil).
Otros oferentes fueron César y Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán (1,08 millones); Hugo Draggnotti, de Panedile (960 mil); Osvaldo Acosta, de Electroingeniería (295 mil); Santiago Altieri, de Iecsa (309 mil); Miguel Marconi, de Supercemento (342 mil); Rubén Valentí y Enrique Pescarmona, de IMPSA (344 mil); y Benjamín Romero, de Hidrovías y Ferrovías (344 mil). También se mencionaron las propuestas de Patricio Gerbi (139 mil), Miguel Aznar (162 mil), Claudio Glazman (206 mil), Ricardo Scuncia (221 mil), Julio Paulecci (256 mil) y Jorge Benolol (290 mil).
La fiscal federal Fabiana León se opuso a todas las presentaciones y afirmó que “no se puede pagar para zafar”. En la audiencia, señaló que aceptar esos montos implicaría “tarifar la impunidad”.
La Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, adhirió a esa posición. Su director, Paul Starc, sostuvo que las propuestas equivaldrían a “mercantilizar la corrupción”, mientras que el representante del organismo, Mariano Galpern, advirtió que “la complejidad del proceso no habilita la impunidad”.
FUENTE: Infobae.