Unos 26 integrantes del directorio de la cerealera Vicentin y del Banco Nación en 2019 fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de ponerse de acuerdo para cometer un fraude, que habría provocado al Estado un perjuicio de al menos 260 millones de dólares, en el otorgamiento de créditos.

La decisión del juez federal Julián Ercolini, pedida por el fiscal Gerardo Pollicita tras una investigación de cinco años, implica además la inhibición general de bienes de los acusados y la prohibición de salida del país.

Entre los citados a indagatoria se cuentan los exdirectores del Banco Nación Javier Antonio González Fraga, Lucas Llach y Carlos Alberto Castellani y los exdirectores de Vicentin Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Herman Roberto Vicentin, Martín Sebastián Colombo, Roberto Oscar Vicentin y Máximo Javier Padoan.

La medida busca asegurar el recupero de un perjuicio patrimonial estimado en US$300.000.000 al Estado nacional. La fiscalía probó que parte del dinero -unos 16 millones de dólares- terminó en paraísos fiscales y en cuentas de Vicentin.

El fiscal Pollicita entendió que entre agosto y diciembre de 2019, las autoridades del Banco de la Nación, en connivencia con los empresarios responsables del Grupo Vicentin, defraudaron al Estado nacional.

Según el fiscal Pollicita, dentro del Banco Nación hubo una “actuación coordinada de diversos agentes, quienes, a pesar de que la propia existencia del banco se encontraba en peligro, desde sus funciones defraudaron los intereses confiados y omitieron deliberadamente cobrar la millonaria deuda, pese a contar con el dinero resguardado en cuentas de garantía constituidas al efecto”.

Es decir, según el fiscal desarticularon las garantías que tenía el banco y “le entregaron a los empresarios de Vicentin los fondos que tenían allí congelados e, incluso y sin reaseguro alguno, les otorgaron nuevos empréstitos cuando aquello se hallaba expresamente prohibido”.

Del otro lado del mostrador, “los empresarios del grupo económico, quienes actuaron en todo momento en complicidad con los funcionarios, no pagaron los saldos adeudados a sabiendas de que no se los cobrarían”, agregó el fiscal.

Luego, continuó Pollicita, pidieron que les liberaran los fondos que tenían en garantía “conociendo que se los entregarían, omitieron deliberadamente dar las garantías que eran requeridas ya que tenían la certeza de que tampoco se las reclamarían, y solicitaron nuevas asistencias financieras a sabiendas de que se las otorgarían”.

Así “quitaron los fondos del ámbito del Banco de la Nación Argentina para que, cuando las nuevas autoridades procuraran cobrar la deuda de aproximadamente U$S 300.000.000, no pudieran hacerlo”.

Para concretar la maniobra, el fiscal dijo que “las autoridades de Vicentin vaciaron las cuentas del BNA para quitar el dinero de la esfera de custodia de dicha entidad y, cuanto menos, recurrieron a la utilización de facturación apócrifa en pos de simular gastos no concretados a través de proveedores falsos” por unos $222.780.392 de pesos, es decir unos 3,7 millones de dólares.

También se valieron del giro de fondos al exterior mediante operaciones simuladas por 16.942.805 de dólares, parte de los cuales culminaron en cuentas bancarias en paraísos fiscales, lo que les permitió desviar una porción de los fondos públicos defraudados.

FUENTES: La Nación.