La investigación judicial por el denominado “escándalo de los audios” volvió a sacudir la escena política y empresarial argentina con una serie de allanamientos simultáneos ordenados por el fiscal Franco Picardi y autorizados por el juez Sebastián Casanello.

En medio de los procedimientos, renunciaron los dos abogados defensores de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes alegaron “motivos personales” para apartarse del caso.

Los operativos, que se realizaronn en barrios privados de Pilar y Berazategui, así como en una sucursal del Banco BBVA en el barrio porteño de Almagro, apuntaron a propiedades y bienes vinculados a Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y a los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, principal proveedora de medicamentos del organismo.

Durante uno de esos procedimientos, los investigadores localizaron una caja de seguridad a nombre de Spagnuolo en la que encontraron 80.000 dólares. Según trascendió, en el lugar no había documentación respaldatoria, pero sí se detectaron movimientos de dinero en efectivo cuyo origen ahora será objeto de pericias.

La fiscalía deberá establecer si los fondos estaban declarados y si forman parte de un circuito irregular de pagos, en el marco de la sospecha de una red de sobornos vinculada a contrataciones del Estado.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario, prorrogado hasta el jueves 19 de septiembre, y ya lleva veinte días en trámite. La investigación busca comprobar la existencia de una ruta de coimas que habría involucrado a funcionarios del gobierno nacional, a exautoridades de la ANDIS y a la droguería Suizo Argentina.

El texto judicial sostiene que los acusados habrían participado en un esquema de cobro y pago de sobornos relacionados con la compra y provisión de medicamentos, lo que constituye delitos de cohecho, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con la función pública y violación a la ley de Ética Pública.

En paralelo a los allanamientos, el juez Casanello denunció al jefe de sistemas de la Suizo Argentina por los delitos de resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio, en el marco de una investigación que también apunta a la manipulación de pruebas y a eventuales intentos de entorpecer el trabajo judicial.

En este contexto, el consultor político Fernando Cerimedo declaró como testigo. Negó haber sido la persona que grabó y filtró las conversaciones entre Spagnuolo y otros interlocutores, aunque confirmó que en numerosas ocasiones el exfuncionario le había hablado de corrupción y de posibles coimas en la provisión de medicamentos. “Confirmó con sus dichos el esquema de corrupción. Confirmó que le dijo lo mismo que se escuchó en los audios”, explicaron fuentes judiciales tras la testimonial.

La fiscalía también requirió a los barrios privados donde residen Spagnuolo, Daniel Garbellini -otro exfuncionario de la ANDIS- y los hermanos Kovalivker, los registros de ingresos y egresos desde comienzos de 2024.

La información, que incluye datos de visitantes y vehículos, permitirá establecer la red de contactos y movimientos vinculados a los acusados. A su vez, se solicitó documentación bancaria y fiscal de todos los investigados, con el objetivo de rastrear movimientos financieros compatibles con un circuito de sobornos.

FUENTE: Clarín.