El Senado sancionó esta tarde las leyes que otorgan una recomposición en las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional vencida en marzo último y la emergencia en discapacidad, durante una polémica y desprolija sesión “autoconvocada” por la oposición, que dejó al descubierto que el Gobierno perdió el control de la Cámara alta. También se revirtió el veto presidencial a la declaración de emergencia de Bahía Blanca.

Las iniciativas son rechazadas por el Gobierno por considerar que rompen el equilibrio fiscal que impulsa la administración de Javier Milei. Si bien el Presidente anticipó que las vetaría, la postura del oficialismo, que desconoce la validez de la sesión, podría terminar con las sanciones impugnadas ante la Justicia.

El aumento del 7,2% en las jubilaciones, que también incluye elevar a $110.000 el bono para quienes cobran la mínima, fue aprobado por 52 votos a favor, cuatro abstenciones y sin votos en contra ante la decisión del oficialismo y de la gran mayoría de senadores de PRO de retirarse del recinto para no convalidar la validez de la sesión, que se constituyó sin que mediara una convocatoria formal de Victoria Villarruel.

La prórroga de la moratoria para que puedan jubilarse sin haber realizado los años de aporte que exige la ley, en tanto, fue aprobada por 39 votos a favor, 14 en contra y una abstención.

Las votaciones debieron practicarse a la vieja usanza, con cada senador diciendo a viva voz el sentido de su postura ya que el sistema electrónico dejó de funcionar durante el debate del proyecto, lo que el jefe de la bancada kirchnerista, José Mayans (Formosa), calificó como un boicot del oficialismo para complicar el debate.

La sanción de la recomposición jubilatoria se produjo después de que el Gobierno sufriera la primera de la que fue una larga serie de derrotas en el recinto del Senado luego de que el kirchnerismo, con el apoyo de algunos senadores de la UCR y el Pro, impuso su postura y declaró válidos los dictámenes de los proyectos que recomponen las jubilaciones, que prorrogan la moratoria previsional y que declara la emergencia en materia de discapacidad.

La votación fue impulsada por Villarruel, que hizo un tibio intento por arrogarse la facultad última de interpretar el Reglamento del Senado, pero terminó cediendo ante el reclamo de Mayans (Formosa). “Usted no tiene potestad para hacerlo porque usted es de otro poder del Estado, del Poder Ejecutivo”, le dijo el jefe del bloque de Unión por la Patria.

La postura de la vicepresidenta es, cuanto menos, polémica si se toma en cuenta que desde el Poder Ejecutivo, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a la cabeza y desde la presidencia del bloque oficialista de la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), se impugnó la sesión por considerar ilegal su convocatoria.

Apoyo unánime 

La Cámara Alta también convirtió en ley la declaración de emergencia para la discapacidad con 55 votos a favor y ninguno en contra (17 ausentes). La sesión ocurrió en simultáneo a una movilización en las inmediaciones. Minutos después, se revirtió el veto presidencial a la emergencia en Bahía Blanca, con 51 votos afirmativos (21 ausencias).

La propuesta establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas. "Hace seis meses que no cobran", dijo el puntano Fernando Salino (del peronismo de Convicción Federal).

A su vez, se solicita una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes. Se pedirá la actualización de estos montos, que para junio del 2025 es de $213.286,50. "El Estado debe atender, la mayoría de las familias con este tipo de dificultades no tienen los ingresos suficientes para la educación y la salud de sus hijos", señaló el fueguino Pablo Blanco (UCR).

Por otro lado, se plantea aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleadas en talleres asistidos: cobran $28.000 mensuales, remuneración que no se modifica desde febrero del 2023. La iniciativa tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

FUENTE:  La Nación / Ámbito.