La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena contra Lázaro Báez en la causa conocida como “Ruta de dinero K”. El máximo tribunal confirmó que el empresario es culpable de haber lavado 55 millones de dólares entre los años 2010 y 2013.

Para llegar a esta definición, la Corte debió convocar a dos conjueces, Mariano Lozano y Luis Ramón González. Junto a los ministros Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, entendieron que el planteo de las defensas era “inadmisible”. El ministro Carlos Rosenkrantz tuvo una opinión en minoría, considerando que se debía dar intervención a la Procuración General de la Nación para que dictaminara sobre los argumentos de las defensas. La resolución de la Corte en este caso ingresó al máximo tribunal en junio de 2023.

La sentencia que ahora tiene carácter de firmeza determinó que los acusados conformaron una estructura jurídica, societaria y bancaria en Argentina y el extranjero. Esta estructura se utilizó para “canalizar, transferir, disimular, ocultar y poner en circulación en el mercado, fondos procedentes de delitos”. La finalidad era “cortar todo lazo con su fuente ilegal e integrar esos activos al circuito económico formal bajo una apariencia lícita”.

Según se acreditó, se utilizó un “sofisticado mecanismo societario y financiero” que incluía el empleo de sociedades ‘pantalla’ para eludir controles fiscales. Las operaciones se estructuraron mediante la expatriación de fondos a través de transacciones en distintos bancos internacionales, principalmente a cuentas abiertas en Suiza. Para esto, se usó el mecanismo de “cable” o “compensación”, indispensable al utilizar servicios financieros y bancarios de una institución intermediaria que tuviera cuentas en bancos en el extranjero. Esta intermediaria permitía la compensación de montos de quienes querían transferir divisas al exterior y quienes querían repatriarlas fuera de los mecanismos de control vigentes. Se probó que el dinero depositado en el extranjero ingresaba a cuentas a nombre de otras personas jurídicas, que luego los acusados hacían circular.

La etapa final del circuito incluyó una “repatriación por una operación bursátil con apariencia de legalidad”. Siempre utilizando a Austral Construcciones, el dinero se reunió en una cuenta a través de la cual se adquirieron bonos de deuda pública. Estos bonos fueron posteriormente liquidados en el mercado local, simulando una inversión multimillonaria de una empresa fiduciaria suiza para adquirir acciones de Austral Construcciones. Sin embargo, quedó acreditado que el dueño del capital no declarado, que circuló y fue depositado a nombre de terceros, “siempre fue Lázaro Báez”.

FUENTE: Clarín / Infobae.